Internado en el hospital Intercultural de Nueva Imperial, permanece Celestino Córdova, luego que se complicara su estado de salud, tras cumplir casi cien días en huelga de hambre.
Se trata del último incidente que involucra al hasta ahora único condenado por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, quien inició la dura medida de presión el 13 de enero, exigiendo la autorización para realizar una visita a su rehue durante 48 horas.
Además, consideró otros 5 puntos, que incluyen la implementación de módulos especiales para presos indígenas y la liberación de todos los imputados en el contexto del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, entre otros.
Rehue
El Rehue (o rewe en mapudungún) según la cosmología mapuche es el “eje del mundo” y simboliza la conexión entre el cielo y la tierra.
Generalmente están hechos de madera de canelo o laurel. Se compone de un tallado de entre 4 a 7 escalones (que simbolizan las plataformas del universo) y una cabeza humana que puede llevar o no una especie de sombrero.
Este, se ubica frente a la casa del o la machi, en posición semivertical y siempre apuntando al este, donde “nace el sol”.
Desde el rehue, los machis toman contacto con los espíritus, por lo cual la conexión que existe entre ambos -bajo la visión mapuche- es de vital importancia.
Según dicta la tradición mapuche, por la condición de machi que posee Córdova, cada año debe dirigirse hasta su comunidad para realizar esta ceremonia que sirve para reafirmar y renovar su salud y espiritualidad.
No obstante, desde que está encarcelado, no se le ha autorizado. Esto habría provocado que se enfermara, debiendo ser ser asistido por dos machis.
Desde Gendarmería se han negado a su traslado, argumentando razones de seguridad. Y es que para realizar la ceremonia mapuche, Córdova debe ser trasladado hasta su domicilio, ubicado al interior de la comunidad Chicahual Córdova, a unos 15 kilómetros del área urbana de Padre Las Casas.
Las dudas de las víctimas
La medida de Córdova ha sido puesta en duda por el hijo del matrimonio Luchsinger Mackay, criticando además la preocupación de algunos diputados de la Comisión de Derechos Humanos que pretendían visitar al machi en la cárcel de Temuco.
En este sentido, dijo que antes de visitar a un reo condenado, deberían preocuparse de las víctimas de los ataques incendiarios.
Pero además, esbozando una leve sonrisa, puso en duda que la huelga fuera tan estricta como asegura el comunero.
Córdova radicaliza su huelga
Una semana después de las declaraciones de Jorge Luchsinger, el comunero anunció la radicalización de su huelga, por lo que dejaría de consumir leche, mate, agua y otros líquidos, pasando a un ayuno total.
Debido al deterioro en su salud, finalmente el machi fue derivado hasta el hospital de Temuco, luego que se detectara un posible daño renal por la presencia de sangre en la orina, también conocida como hematuria, tal como señaló su médico, Nelson Reyes.
Sin embargo, Córdova se negó a que el equipo médico le realizara exámenes, debido a que los machi son considerados autoridades mapuches. Por lo mismo, se desconoce su diagnóstico exacto y sólo se conoce que ha perdido cerca de 22 kilos.
A la fecha, la autoridad religiosa se encuentra siendo tratado en base a la medicina tradicional mapuche, por parte de la machi Aylin Curihual, quien es médico general del INDH y cuenta con la autorización del Servicio de Salud Araucanía Sur.
La postura del Gobierno
El Gobierno ha sido enfático en descartar cualquier posibilidad de negociación mientras el machi mantenga la medida de presión, según ha señalado el gobernador de la provincia de Cautín, Mauricio Ojeda.
Esta postura fue apoyada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien calificó la huelga como una “presión indebida”, asegurando que “no tenemos ninguna petición concreta de Celestino Córdova, lo que hemos dicho que tenemos la mejor disposición en la medida que deponga la huelga”.
Y es que La Moneda entiende que si accede a la petición, se generaría un precedente para que otros comuneros adopten la misma actitud. Recordemos que precisamente Córdova tomó esta decisión al observar que los cuatro acusados del atentado a una iglesia evangélica de Padre Las Casas, consiguieron que el gobierno de Bachelet accediera a sus demandas luego de mantenerse por más de 100 días en ayuno, en septiembre de 2017, según reconoció la vocera de la organización Ad-Mapu, Ana Llao.
Manifestaciones en favor del machi
Ante las complicaciones en el estado de salud de Córdova, se han registrado una serie de manifestaciones en la zona sur del país, como por ejemplo la toma de las catedrales de Osorno y Concepción, además de la parroquia de Cañete
Hasta ahora no se ha solicitado el desalojo por parte de las autoridades de la Iglesia Católica, ya que posiblemente se resuelva de forma pacífica, tal como sucedió con el caso de los comuneros que se mantuvieron en huelga por más de 100 días, pidiendo que el Gobierno desistiera de la invocación a la Ley Antiterrorista.
El Caso Luchsinger-Mackay
Córdova es el único condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay en 2013, quienes perdieron la vida durante un incendio ocurrido en el fundo La Granja Lumahue, de la comuna de Vilcún, durante un ataque incendiario.
Pese a que en su momento hubo 11 personas imputadas por su presunta participación, finalmente el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco los absolvió debido a que para los jueces no fue posible acreditar un delito terrorista que les atribuyó la Fiscalía.
Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, la madrugada del 4 de enero de 2013, un grupo de desconocidos armados ingresaron al predio, incendiando la vivienda. Después, cuando llegó Carabineros y Bomberos, fueron encontrados los cuerpos quemados del matrimonio.
En la madrugada del 30 de marzo de 2016, personal de la PDI detuvo a 11 personas sindicadas como sospechosas.
Los detenidos enfrentaban los cargos de incendio terrorista con resultado de muerte, razón por la cual se determinó la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que se extendió la investigación.
Durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía solicitaba una pena de presidio perpetuo calificado para 10 de los acusados, mientras que para Peralino Huica -por su colaboración durante la investigación- pedía 10 años de cárcel.
