El subsecretario de las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, defendió en un escrito -dirigido al contralor general de la República- la legalidad de la participación de los comandantes en jefe en los directorios de las mutualidades y también los ingresos adicionales al sueldo por participar como consejeros en dichas entidades.
En el documento, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, el subsecretario enumera una serie de referencias jurídicas para defender el pago de sobresueldos a los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, puntualizando que las mutuales del Ejército, la FACh y la Armada, no tienen las dificultades de integración ni están en la misma posición que la Mutucar, de Carabineros y la PDI.
Sus argumentos fueron calificados como una “tinterillada” por el diputado socialista Leonardo Soto, integrante de la comisión investigadora del fraude en Carabineros, quien calificó como contradictoria la defensa del Gobierno. “Me parece bastante débil, desde el punto de vista jurídico”, criticó.
El diputado comunista Hugo Gutiérrez afirmó que la posición de Galli es contradictoria con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien tras conocer estos pagos los calificó de ilegales, avalando la posición de la Contraloría.
El documento de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, dirigido al contralor Jorge Bermúdez, sostiene entre sus conclusiones que el personal de las Fuerzas Armadas, a diferencia de jefes de servicio o funcionarios con asignación crítica, no tiene prohibición de recibir estipendios de entidades distintas a su respectiva institución; recalcando que, pese a ello, los tres comandantes en jefe han renunciado de manera voluntaria a percibir una dieta adicional por participar de los directorios o consejos de las mutualidades.
El Subsecretario Galli, en tanto, afirmó que “ante la consulta de Contraloría General de la República, hemos llevado adelante un análisis jurídico acabado respecto de la participación de funcionarios de las FFAA en mutualidades. Es así como hemos podido concluir que las acciones ejecutadas se conforman con la legalidad vigente. No obstante, se dispuso por el Ministro de Defensa Nacional en conjunto con los Comandantes en Jefe de cada institución, que los funcionarios activos que participan de estas entidades renuncien a su remuneración y tomen las medidas necesarias para que se modifiquen los estatutos en orden a que ningún miembro activo participe en ellas en el futuro”.
