El presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Alfonso Muga, solicitó al Gobierno postergar algunas disposiciones transitorias de la Ley de Educación Superior, por considerar que los plazos de implementación que se establecen son inviables.
Muga sostuvo que en materia de aseguramiento de la calidad, la ley tiene “aciertos, deficiencias y omisiones”, que se podrían haber evitado si hubiera existido un debate más razonado y con tiempos políticos no tan exigidos por la coyuntura.
Entre los nudos críticos que identifica la Comisión Nacional de Acreditación están la obligatoriedad de la certificación institucional, donde se propone usar las actuales bases y no esperar a elaborar los criterios estándares que fija la ley.
Es decir, que sea la CNA la única agencia de certificación oficial y el aplazamiento hasta el 2025 de la acreditación voluntaria de carreras.
El jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, sostuvo que buscarán generar una convergencia con la mayoría de los actores del sistema, de forma de consensuar estas modificaciones.
Actualmente existen 48 instituciones de educación superior, entre universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que están fuera del sistema de certificación y con los cuales se debe trabajar desde ahora para que puedan sortear la obligatoriedad de estar certificadas a diciembre de 2021.
