Parlamentarios de oposición pidieron a la Contraloría que tome razón de la ley que modifica el Sernac, tal y como el texto salió del Congreso, desestimando las objeciones del Tribunal Constitucional, que eliminó las nuevas atribuciones sancionatorias y normativas del servicio.
En respuesta, el Gobierno y los empresarios aseguraron que esperarán lo que resuelva la Contraloría y que respetarán la institucionalidad.
Todo esto en medio de la prórroga de 15 días que estableció la Contraloría General de la República para revisar el caso del decreto que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que fue despachado en octubre pasado por la Cámara de Diputados, por considerar que es una moción compleja.
Por eso, según la Contraloría, se están considerando todos los elementos, incluido el fallo del Tribunal Constitucional, que reclamó facultades de dictar normas y sancionar, lo que para algunos es el corazón de esta ley.
En este contexto, parlamentarios de oposición ingresaron un requerimiento en el que solicitan al contralor, Jorge Bermúdez, que tome razón de este decreto y ponga en vigencia la Ley, desoyendo las objeciones del Tribunal Constitucional.
El presidente y senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, acusó que lo que se pretende es dejar a los consumidores totalmente desprotegidos.
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El ministro de Economía, José Ramón Valente, desdramatizó la acción de los parlamentarios y dijo que esperarán lo que resuelva la instancia.
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El presidente de la CPC, Alfonso Swett, dijo que respetarán la institucionalidad, en momentos que fue una de sus ramas, la Cámara Nacional de Comercio, la que ingresó un “téngase presente” al Tribunal Constitucional.
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Mientras, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) también espera conocer pronto la resolución de la Contraloría, pero lo hace con serios reparos al decreto emanado del Congreso.
Su presidente, Hernán Calderón, dijo que es una ley sumamente confusa e inconsistente, por lo que es partidario de tramitar una nueva normativa en el Congreso.
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En tanto, a fines de abril se espera conocer la determinación de la Contraloría.