Distintas agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura manifestaron su rechazo a la posible liberación de 70 reos del penal Punta Peuco, condenados por crímenes de lesa humanidad que cumplen condena en el recinto penitenciario y que serán sometidos a exámenes médicos para evaluar su estado de salud.

El ministro en visita encargado del caso, el juez Mario Carroza, aceptó la solicitud presentada por el abogado Raúl Meza, representante de los reos, la que apela a las enfermedades terminales y crónicas que sufrirían los condenados, acogiéndose para esto en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

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La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó la eventual medida y aseguró que el actual Gobierno busca profundizar la impunidad en las violaciones a los derechos humanos.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, ratificó el rechazo a la conmutación de penas o entrega de indultos para violadores de los derechos humanos, argumentando que es una exigencia legítima de las víctimas de la dictadura.

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Carmen Hertz, diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, puntualizó que los crímenes de lesa humanidad no son indultables y se mostró poco optimista respecto a la lucha por justicia, ya que, según ella, el gobierno entrante relativiza las violaciones a los derechos humanos y justificó el exterminio perpetrado por el régimen militar.

Primeras tres presentaciones

El abogado Raúl Meza confirmó a La Radio que el próximo jueves le presentará al presidente Sebastián Piñera las primeras tres solicitudes de indulto para condenados en Punta Peuco diagnosticados con enfermedades terminales.

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Meza también anunció que buscarán ser recibidos en audiencia por el ministro de Justicia Hernán Larraín antes del jueves, además de aclarar que buscarán que los exámenes médicos a los 70 reos que buscan la conmutación de penas no sean tomados por el Servicio Médico Legal, sino que por instituciones privadas de salud.