El nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín, deberá decidir si la designación del exfiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario en San Fernando seguirá en pie o si será revocada.

Lo anterior porque la Contraloría todavía no ha tomado razón del documento que lo confirma en el cargo y que fue ingresado la semana pasada, pero mientras ello no ocurra, el secretario de Estado podría dar pie atrás a la polémica designación.

Fue un reportaje del área de investigación de Radio Bío Bío, el que reveló que el exministro de Justicia, Jaime Campos, había ingresado el decreto en desmedro de uno inicial, cuando se designaba en el cargo al defensor regional de O’Higgins, Alberto Ortega.

El nuevo titular de la cartera, Hernán Larraín, insistió en la necesidad de mejorar el sistema con el que se nombran este tipo de cargos.

Si bien el abogado cumple con los requisitos, su nombramiento provocó cuestionamientos luego que se revelaran presiones desde La Moneda, entre ellos, una supuesta llamada del exsubsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ordenando retirar el decreto enviado a Contraloría, con el nombramiento de Ortega, e ingresar uno nuevo ahora con el nombre del exfiscal Luis Toledo.

El defensor regional, Alberto Ortega, dijo sentir tristeza y desazón por la decisión tomada por el Gobierno y que en su desmedro, Toledo asumiera el cargo que inicialmente se la había asignado a él.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Notarios, Alfredo Martin, reafirmó la necesidad de mejorar el proceso con el que se designan este tipo de cargos.

Entre las mejoras que exigió el jurista se encuentra que los antecedentes personales, académicos y profesionales sean vinculantes y obligatorias para todo el proceso, mediante un sistema objetivo.