La Fiscalía de la región de Atacama informó que ayer martes formalizó a un médico por infracción a la Ley de Trasplante de Órganos: de acuerdo al Ministerio Público, el facultativo le extrajo el corazón sin autorización de la familia a un paciente que había fallecido, para luego donarlo con fines investigativos a la universidad donde sus hijas estudian medicina.

La audiencia en que se conocieron los antecedentes de esta causa fue asumida por el fiscal Luis Zepeda Rodríguez, quien mencionó que este caso se indagaba desde hace tres años tras recibir la respectiva denuncia del caso.

Mediante un comunicado, el persecutor detalló que José Aravena (63) falleció en noviembre de 2015, tras lo cual su cuerpo fue derivado hasta el Servicio Médico Legal de Vallenar para una autopsia.

Posteriormente, y en línea con la denuncia, se determinó que el médico sustrajo el corazón y lo donó para estudios biológicos.

“Sustrajo el corazón del fallecido sin la autorización necesaria de parte de familiares. Órgano que luego, según se logró determinar, había sido llevado hasta una universidad en La Serena, donde sus hijas desarrollan estudios de medicina”, detalló el fiscal.

El persecutor explicó que los hechos claramente constituyen una infracción a la Ley de Trasplantes, razón por lo que la Fiscalía comunicó los hechos que forman parte de la carpeta investigativa de este caso, instancia judicial en que el juez de turno determinó el arraigo nacional y firma semanal para el médico durante el periodo que se extienda la investigación.

Caso aislado

Ante dicha situación, Álvaro Becerra, presidente de la fundación Cambiemos la Historia, que busca crear conciencia respecto a la importancia de la donación de órganos en Chile, recalcó que este caso es absolutamente aislado respecto al funcionamiento habitual del sistema.

En ese sentido, recalcó que “es muy importante que estos casos sean conocidos por la opinión pública, ya que así se reafirma la confianza en el sistema entendiendo que situaciones al margen de la ley deben ser (y serán) sancionadas”.

Por su parte, ante dichos antecedentes, la asesora legal de la misma entidad, Natalia Serón, recalcó que -de acuerdo a la Ley de Trasplantes- el médico formalizado arriesga 61 días de presidio, de modo que en la práctica lo más probable es que obtenga una salida alternativa y una multa.