El Primer Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición de los querellantes de la investigación que indaga las causas de la caída del CASA 212 en la isla de Juan Fernández en 2011, que dejó 21 víctimas fatales, para que sea la justicia ordinaria la que investigue el caso y no los tribunales militares como ha ocurrido hasta el momento.
El tribunal declaró incompetente a la justicia castrense en la indagatoria. Éste pedirá los antecedentes al ministro instructor de la causa el que deberá evaluar si entrega los antecedentes al juzgado para que este los transfiera al Ministerio Público. De aceptar el procedimiento será la Fiscalía la que tome el mando de la investigación.
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El abogado querellante en la causa y representante de la familia de Galia Díaz -exfuncionaria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes- Cristián Arias, explicó que si la justicia militar insiste en su competencia, será la Corte Suprema quien determine donde deberán seguir las investigaciones.
Maximiliano Delgado, abogado de la familia de la teniente FACh -que murió en el accidente- Carolina Fernández, aseguró que aunque esperan que existan funcionarios de la Fuerza Aérea condenados por la caía del avión, el paso a la justicia ordinaria sería un signo de imparcialidad en la indagatoria.
Los querellantes estimaron que la investigación por la justicia civil no sólo daría mayores garantías de imparcialidad a los querellantes, también posibles culpables porque no serían sus propios pares los que estarían condenando los actos.
