Un estudio elaborado por la Fundación Acción Educar reveló que la implementación de la Ley de Educación Superior generaría millonarias pérdidas en 19 de los planteles adscritos a la gratuidad para los 6 primeros deciles y por el congelamiento de los aranceles los otros alumnos.
En el reporte destacó en el primer lugar la Universidad Diego Portales, la cual llegaría a tener una merma financiera de 19.872 millones de pesos; seguida en segundo lugar por la Universidad Autónoma, con 14.566 millones; quedando por sobre la Universidad Finis Terrae con 11.713 millones, en tercer lugar.
En conversación con La Segunda, el rector de la Autónoma, Teodoro Ribera, culpó a la gratuidad del déficit a experimentar y que ya sufren otras casas de estudio.
“El Estado debe fijar un arancel para alumnos que acceden a la gratuidad, pero no obligar a los planteles a recibir a todos los postulantes gratuitamente”. dijo Ribera. A su juicio, lo anterior afecta la “autonomía universitaria”, debilita la “capacidad de desarrollo” y genera dependencia con “las arcas fiscales”.
El académico valoró que el patrimonio con el que cuenta su universidad le permita hacer frente a los ajustes internos que deberán hacer en sus proyectos de desarrollo, “a la espera que se flexibilicen las normas y eliminen aquellas que son absurdas”, sentenció.
Alumnos de tercera categoría
Según el investigador de Acción Educar, Daniel Rodríguez, la fijación de aranceles para aquellos estudiantes del séptimo, octavo y noveno decil también sugiere una problemática para las universidades ya que ellos “no recibirán una transferencia estatal”, motivo por el cual los establecimientos no podrán fijar los valores a gusto.
Lo anterior, en su opinión, “pone en riesgo el desarrollo de proyectos educativos y hace menos atractivo el ingreso de los estudiantes de los deciles más bajos, ya que significarían una pérdida económica”.
Por ello, las universidades tendrán -desde ahora- alumnos de primera, segunda y tercera categoría. Es decir, aquellos que generar ganancias y otros que simplemente representan una pérdida económica.
Otras universidades
En cuarto lugar del listado quedó la Universidad Católica (UC), plantel que ya avisoró una eventual suspensión de la gratuidad en los próximos años, con 6.894 millones.
Tras la UC quedaron las universidades Alberto Hurtado, con 5.026 millones; Católica Silva Henríquez, con 1.783 millones; Federico Santa María, con 1.553 millones; de Santiago, con 1.299 millones; de Playa Ancha, con 1.183 millones y Católica de Valparaíso, con 995 millones.
En el puesto 11 quedó la Universidad de Chile, con 806 millones; seguida del Instituto Profesional Arcos, con 753 millones; la Universidad Tecnológica Metropolitana, con 500 millones; la Universidad de Antofagasta, con 419 millones y la Universidad Católica del Maule, con 309 millones.
Cierran el listado la Universidad de Magallanes, con 227 millones; la Universidad de O’Higgins, con 163 millones; la Universidad Católica de Temuco, con 174 millones y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con 116 millones.
