Diputados UDI enviaron una carta al presidente electo, Sebastián Piñera, para pedir la realización de un plebiscito sobre la pena de muerte en crímenes como el de la niña que fue presuntamente asesinada por su padre en Puerto Montt.

Parlamentarios discreparon con la eventual aplicación de la pena capital en Chile, mientras la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas recalcó la gravedad de incumplir tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado chileno.

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Cinco diputados de la UDI, a través de una carta a Sebastián Piñera, le solicitan al futuro mandatario realizar un plebiscito para determinar si se debe aplicar la pena de muerte en el país en causas por delitos graves.

El escrito firmado por Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Pedro Álvarez Salamanca, Celso Morales y el electo Sergio Bobadilla, es enviado a raíz del brutal crimen contra la niña de 1 año y 11 meses que fue asesinada y violada, presuntamente por su padre, el pasado 25 de enero en Puerto Montt.

Uno de los remitentes de la misiva, Ignacio Urrutia, argumentó que, al no existir presidio perpetuo efectivo en el país, se deben establecer sanciones ejemplificadoras para evitar este tipo de crímenes.

Por el contrario, Marisol Turres, diputada gremialista, planteó que la pena de muerte va en contra del respeto a la vida y señaló la necesidad de endurecer las penas en el país.

El diputado PPD Rodrigo Gónzalez, dijo creer que, en un plebiscito, la población se manifestaría a favor de la pena capital, descartando de todas maneras que ésta sea una solución a la delincuencia.

Además de hacer énfasis en el trabajo de prevención de la violencia, la directora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Francis Valverde, remarcó la gravedad de restablecer la pena de muerte e incumplir tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado chileno.

La carta a Sebastián Piñera se suma a las múltiples reacciones que ha generado el asesinato de la bebé, una de ellas, el anuncio del diputado UDI Juan Antonio Coloma, quien aseguró que presentará en marzo un proyecto de ley para establecer el presidio perpetuo efectivo sin derecho a beneficios.