Con un aplauso cerrado celebraron en el Gobierno el despacho en particular del proyecto de Educación Superior desde la Comisión de Educación del Senado, lo anterior luego de cinco meses de tramitación en la instancia.
Entre los puntos que se aprobaron en la última sesión, figura el mecanismo ideado por el Ejecutivo para llegar a la gratuidad universal; puesto que el proyecto de ley garantiza el beneficio hasta el sexto decil, en concordancia con lo que ya se estableció en la ley de Presupuesto de 2018.
Sin embargo, el avance de la gratuidad a los demás deciles dependerá de los denominados “gatillos” o condiciones económicas, que hagan viable el aumento a la universalidad.
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Según el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, lo que recaude la actual reforma tributaria permitiría llegar al séptimo decil, siempre que la carga fiscal estructural alcance el 23,5%, mientras que para los demás deciles, sería necesario aumentar los impuestos.
El senador socialista Carlos Montes, discrepó de la argumentación del ministro Eyzaguirre, en cuanto a que para alcanzar los deciles ocho, nueve y diez, serán necesarias nuevas reformas tributarias, debido que a su juicio, cuando se alcance la condición económica, sólo bastará la ley de Presupuesto para hacer efectivo el aumento de la gratuidad.
En la oposición, en tanto, rechazaron el mecanismo e indicaron que lo que hace el Ejecutivo es comprometer recursos a futuros gobiernos, sosteniendo que habrían vicios de constitucionalidad, como lo indicó el senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, quien de todas formas no hizo reserva de constitucionalidad.
El ministro de Hacienda detalló que para avanzar al octavo decil, la carga fiscal estructural deberá llegar al 24,5%; en el caso del noveno decil, a un 28,5% y para el décimo decil, a un 29,5%, argumentando que no sólo bastará el crecimiento económico para alcanzar la gratuidad universal, sino que también un progresivo aumento en la recaudación de impuestos.
El Gobierno además cedió a las presiones de las universidades del G9 y fijó por ley los aportes basales que reciben estas instituciones privadas del Consejo de Rectores. No así, a la exigencia de un plan de fortalecimiento similar al de las universidades del Estado, como indicó la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
El proyecto de Educación Superior fijó además que las universidades que adscriban a la gratuidad, podrán cobrar a los estudiantes de los deciles que no están en el beneficio, un máximo de un 40% por sobre el arancel regulado.
La iniciativa pasará el próximo lunes a la comisión de Hacienda del Senado, hasta su total despacho, de manera que el martes pueda ser votada en la sala y el miércoles haga lo propio la Cámara de Diputados, donde se preveé que se rechacen algunos aspectos, por lo que el proyecto llegaría a una comisión mixta, antes de poder despachada del Congreso.
