El Gobierno cedió a la petición de rectores de universidades del G9 y establecerá aportes basales para estos planteles. Esto, mientras la comisión de Educación del Senado inició la votación en particular del capítulo de gratuidad.

De esta forma, el Ejecutivo se comprometió a fijar por ley los aportes basales que reciben estas instituciones, al igual como se hizo para las estatales, así lo señaló la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Este miércoles podría quedar despachado de la Comisión de Educación del Senado, el proyecto de Educación Superior, luego que la instancia terminara de votar en particular el capítulo de la acreditación e iniciará la discusión sobre el financiamiento de la gratuidad.

Entre los puntos aprobados destacan los requisitos para que la institución adscriba al beneficio: estar acreditada en nivel avanzado o de excelencia, ser una entidad sin fines de lucro, estar en el sistema de admisión y promover políticas de inclusión para estudiantes vulnerables.

Además, se aprobó que sea un comité de 7 miembros, elegido por Alta Dirección Pública, los que junto a la subsecretaría de Educación Superior, fijen las bases técnicas para calcular el arancel regulado, que será finalmente el monto que recibirán las instituciones por gratuidad.

Este punto fue reparado por el senador socialista Carlos Montes, quien dice tener dudas sobre “hasta qué punto eso va a recoger la real situación de diversidad de universidades y de carreras”.

Debido a los efectos que podría acarrear para las instituciones en gratuidad la fijación de los aranceles, la senadora de la UDI, Ena von Baer, indicó que solicitaron al Gobierno que en el proceso de cálculo, las instituciones tengan la posibilidad de mostrar su punto de vista.

En cuanto a la certificación se estableció que sólo la Comisión Nacional de Acreditación hará el proceso, fijándose como obligatorias las carreras de Pedagogía, Medicina y Odontología, además de los magíster y doctorados.