Hasta cinco años de prisión arriesgan los ejecutivos farmacéuticos acusados de fraude al fisco, si se concreta la persecución que lleva adelante la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalia Metropolitana Oriente.

Lee también: Minsal pide sanciones ejemplares contra laboratorios acusados de colusión contra el Estado

El equipo a cargo del fiscal Carlos Gajarado investiga el caso de tres laboratorios, acusados de coludirse para participar en licitaciones de venta de medicamentos a la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).

La intervención del equipo persecutor pone en riesgo la figura de la delación compensada, utilizada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), para que uno o varios de los integrantes de una colusión, puedan asumir su responsabilidad y delatar a otros; un mecanismo que se usa a nivel internacional para romper con los monopolios.

Y pese a que este caso lo lleva la FNE y el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) aún no se pronuncia respecto del eventual delito de colusión, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, concurrieron en la causa.

María Elina Cruz, abogada del estudio Baraona Fischer Spiess, afirmó que el hecho de que se haya penalizado el caso, con la intervención del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, pone en riesgo que las empresas confíen en el sistema y se delaten, debilitando con ello una de los mecanismos más utilizados en el mundo para derribar monopolios.

Similar opinión tuvo el ex ministro del tribunal de la libre competencia y socio de Kennedy’s Chile abogados, Rasdoslav Depolo, quien afirmó que este caso refleja una falla grave en la legislación que entró en vigencia recién este año y que fue advertida en su momento por los expertos.

La nueva Ley de Defensa de la Libre Competencia, que comenzó a regir plenamente en junio pasado, establece que el delator que primero haya aportado antecedentes a la FNE estará exento de responsabilidad penal.

Por ello es que ambos expertos coincidieron en que a partir de este caso, la legislación deberá modificarse nuevamente, para que no vuelvan a ocurrir conflictos como el actual, en el que intervienen de manera paralela la FNE y el Ministerio Público.