Un costo de $3 mil millones tuvo el programa para el aseguramiento de la calidad de las residencias de Protección, ASCAR, cuyo principal objetivo fue fiscalizar los hogares de niños y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado en el Servicio Nacional de Menores (Sename).
Su funcionamiento está siendo indagado por el Ministerio Público junto a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones desde hace siete meses.
El fiscal Marcos Emilfork, busca determinar si existió uso irregular de estos fondos que se entregaron entre 2013 y 2016 y, según dio a conocer El Mercurio, las 150 personas que formaron parte de él, serán citadas a declarar.
Desde la Asociación de Funcionarios del Sename, su presidenta, Alicia del Basto, aseguró que mostraron sus reparos oportunamente, ya que para ellos el programa nunca tuvo sentido y esos fondos pudieron distribuirse de mejor manera.
Para el abogado de la madre de Lissette Villa, la niña de 12 años fallecida al interior de un centro dependiente del organismo por las torturas recibidas, resultaría escandaloso que exautoridades hayan tenido participación en el desvío de fondos, por lo que solicitará nuevas diligencias y formalizaciones.
En tanto el presidente de la ya concluida comisión investigadora Sename 2, el diputado PPD, Ramón Farías, señaló que es urgente modificar la institucionalidad del organismo, porque de otro modo, seguirá habiendo irregularidades.
El fiscal regional, Marcos Emilfork, continuará sus diligencias en el marco de la investigación por la muerte de menores en recintos dependientes del Sename, el próximo 9 de enero, cuando retome la interrogación de la imputada y exdirectora del organismo, Marcela Labraña.
