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Viernes 22 diciembre de 2017 | Publicado a las 15:26 · Actualizado a las 15:34

Ignacio Walker advierte vicios de constitucionalidad en proyecto de Educación Superior

Archivo | Pablo Ovalle Isamendi | Agencia UNO
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El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Ignacio Walker (DC), aseguró que el proyecto de Educación Superior tiene vicios de inconstitucionalidad que, de no ser subsanados por el Gobierno, ponen en riesgo la aprobación de la iniciativa durante enero.

Esto, tras la visita de abogados constitucionalistas que concurrieron a la comisión y advirtieron a los senadores de vicios constitucionales que tendría la iniciativa en temas como la autonomía, el financiamiento y el régimen jurídico que se establece para las instituciones.

Para evitar este traspié, Walker aseguró que el Ejecutivo debe restituir el proyecto en la línea de la minuta que presentó a los senadores semanas atrás, algo que recién se dilucidará en enero cuando se conozcan las indicaciones del Gobierno.

“El proyecto tal cual estaba tiene algunos problemas de constitucionalidad”, afirmó el senador y agregó que, para evitar este traspié, el Ejecutivo debe restituirlo en la línea de la minuta que presentó a los senadores semanas atrás.

“La minuta que nos entregó el Ministerio de Educación hace 3 semanas despeja la inmensa mayoría de esas dudas, por lo tanto yo creo que si de aquí al 28 de diciembre el gobierno presenta indicaciones que recogen estos visos de inconstitucionalidad, yo creo que podríamos entrar en tierra derecha para aprobar y despachar el proyecto en enero”, opinó Walker.

El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores y de profesión abogado, Aldo Valle, indicó que, sin ser experto constitucionalista, considera que el proyecto no tiene vicios de inconstitucionalidad.

Sin embargo, consideró “es una buena medida que se analice también la conformidad constitucional, ojalá con la oportunidad que permita rectificar y no encontrarnos al final con sorpresas como que los proyectos tengan que terminar en el Tribunal Constitucional”.

Cambios estructurales

Entre las modificaciones que el Gobierno pretende introducir al proyecto de Educación Superior, para agilizar su despacho, está quitar atribuciones a la futura superintendencia, como la de determinar la viabilidad financiera de las instituciones.

Asimismo, se incluirían contrapesos a la facultad de la subsecretaría, que dejaría de ser órgano rector del sistema, y se reduciría su injerencia en el sistema de admisión y en la administración de la PSU, que quedaría en manos de un organismo técnico.

Además, los requisitos para la selección de estudiantes quedaría a cargo de las instituciones y se excluiría como obligatoria acreditarse en investigación para alcanzar la certificación institucional.

El plazo para que el Gobierno y los parlamentarios ingresen indicaciones al proyecto de Educación Superior vence la próxima semana, y la iniciativa comenzará su discusión en particular en la Comisión de Educación del Senado durante el mes de enero.

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