El ministro de Justicia, Jaime Campos, entregó explicaciones a las familias de Detenidos Desaparecidos en dictadura mediante un carta a la presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro.

Lo anterior, luego de sus polémicos dichos en los que puso en duda el cierre del penal Punta Peuco, pese a la promesa que le habría realizado la presidenta Bachelet a la víctima del Caso Quemados, Carmen Gloria Quintana.

“Si bien es una materia de gran interés y preocupación en este Ministerio, a la fecha el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet no ha adoptado ninguna resolución en torno al cierre del Penal de Punta Peuco”, advierte al comienzo de la misiva.

Lee también: Ministro de Justicia desconoce el compromiso presidencial de cerrar penal Punta Peuco

Eso si, aseguró que “lo precedentemente indicado no implica desconocer, dudar o ratificar compromisos de ninguna especie y de nadie, como, tampoco, relativizar la política del actual Gobierno sobre ese tema, dado que sólo soy un ejecutor de la misma; sino que, consultado, simplemente he procurado objetivar o precisar lo que al día de hoy acontece, por mucho que los medios de comunicación anhelen anticiparse y conocer tiempos ciertos. En consecuencia, no advierto dónde puede estar la supuesta contradicción denunciada”.

Asimismo, también recalcó que jamás se ha manifestado “a favor de la mantención de cárceles especiales de criminales de lesa humanidad, sino que siempre he abogado por la segregación penitenciaria en razón de otros factores criminógenos”.

“En cuanto a los horrendos crímenes que detallan, debo indicarles que ellos han merecido y merecen mi irrestricto repudio, rechazo y condena, respeto a sus víctimas, y sólo deseo que, dentro del Estado de Derecho, nuestros Tribunales de Justicia apliquen la ley como corresponde, puesto que sólo así se fortalece nuestra Democracia y se impide que hechos tan deleznables vuelvan a ocurrir. Cualquier otra interpretación de mis dichos y actuaciones contradice mis más íntimas convicciones”, agregó.

Para cerrar, insistió en que el Gobierno de Bachelet termina el 11 de marzo del próximo año y que ella gobernará, según las potestades constitucionales que le asisten, hasta el último día de su mandato.