Enap negó categóricamente que exista alguna denuncia formal relacionada con una supuesta corrupción por sobrepago de contratos públicos en la refinería Bío Bío; aunque sí reconoció que de todas formas inició una auditoría forense que aún está en curso.
La versión sobre las supuestas maniobras para abultar el pago de contratos licitados en la refinería, corresponde a Marcelo Canales Andrades, ingeniero en medio ambiente quien se desempeñaba desde el 2008 en la refinería y que fue despedido en abril de este año luego de que una estudiante en práctica lo acusara de abuso laboral.
En una querella por injurias que presentó en contra de la joven que lo denunció, Canales señala a la justicia que le querían sacar de su labor pues se encontraba desarrollando una investigación que pretendía aclarar el destino de recursos de la empresa que, con el pretexto de contratos de servicios y asesorías, pagaba millonarios montos a las contratistas.
Sobre este punto, indica que él se desempeñaba como presidente del Centro de Trabajadores Administrativos y que detectó una asesoría por la que se pagaron casi 400 millones de pesos, cuando no costaba más de 100, y que decidió denunciar esto en Contraloría. Luego de eso, asegura en la acción legal, comenzaron las acusaciones en su contra.
En el ámbito laboral, Marcelo Canales demandó a Enap por despido injustificado y llegó con la estatal a un acuerdo de conciliación en que se le pagaron 13 millones y medio de pesos.
De esta manera, a las acciones que interpuso el extrabajador en lo judicial y laboral tras su salida, se sumará una presentación en Contraloría que anuncia para los próximos días por el asunto de los contratos abultados que además relaciona con el financiamiento de campañas políticas.
Desde la empresa, desmintieron categóricamente que exista alguna denuncia formal en instancias administrativas internas relacionada con una supuesta corrupción por sobrepago de contratos públicos. Gabriel Méndez, gerente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Enap, dijo que en todo caso, producto de las alegaciones de este extrabajador, y en línea con la política de velar por la transparencia de todas las contrataciones, se inició una auditoría forense.
Méndez sostuvo que Marcelo Canales hizo la denuncia en el contexto de su desvinculación en abril de este año, y no antes, respecto de hechos que se referían supuestamente al año 2014.
El ejecutivo aludió al derecho de ejercer todas las acciones que correspondan y de Enap a defenderse en las instancias que defina contra todos aquellos que intentan enlodar la reputación de una compañía que es patrimonio de todos los chilenos.
