En mayo pasado, el Partido Regionalista Independiente (PRI), uno de los partidos que conforma el conglomerado opositor Chile Vamos, acudió a la justicia para querella en contra de miembros del Partido Comunista (PC), entre ellos, su actual presidente, el diputado Guillermo Teillier.
La acción se enmarcó en la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte por los presuntos delitos de venta simulada, estafa y falsificación de instrumento público.
Lo anterior a partir de la una venta, presuntamente irregular, de inmuebles que habría realizado el PC, en 2016. Tras la modificación de la Ley de Partidos, el partido de izquierda debió liquidar parte de sus inmuebles, los que fueron transferidos a Inversiones Progreso SpA, una sociedad que estaría conformada por militantes y simpatizantes de la colectividad.
Sin embargo, hoy desde Chile Vamos criticaron la lentitud con que se ha investigado el caso, por lo que llegaron a la fiscalía para solicitar que se agilicen las indagatorias.
El diputado de Renovación Nacional (RN), Nicolás Monckeberg, acusó que el objetivo del PC tras la maniobra, era eludir la ley para financiar sus campañas.
De acuerdo a los antecedentes que se conocen hasta ahora, el traspaso de los inmuebles se habría realizado a $3 mil 500 millones, en circunstancias que el avalúo fiscal era por sobre los 9 mil millones.
El conglomerado opositor solicitó a la fiscalía que concrete nuevas diligencias, además de que la Tesorería General de la República informe sobre el avalúo fiscal de los inmuebles, y que el timonel del Partido Comunista sea citado a declarar por su presunta responsabilidad en el hecho.
El secretario general del PRI, Eduardo Salas, dijo que, estar en proceso electoral, no es un argumento para que los miembros del PC expliquen esta transacción.
Cuando los antecedentes salieron a la luz, el diputado y presidente del comunismo, Guillermo Teillier, aseguró que esta venta se realizó para cumplir con la nueva ley de partidos, la cual obligó a ocupar al menos dos tercios de los inmuebles en actividades partidarias.
