Un extranjero puede ser expulsado de Chile por vía administrativa o judicial: la primera, a raíz de incumplir las normas migratorias, y la segunda debido a la comisión de un delito. 5.656 expulsiones fueron dictadas entre 2015 y 2016, en promedio ocho diarias.
Las nacionalidades más significativas en la pocentualidad de expulsados son la boliviana (32%), dominicana (27%) y colombiana (22%).
Un 50% de las expulsiones se debe a ingresos clandestinos, un 33% a tráfico de drogas, un 12% a otros delitos y un 3% involucra a turistas que permanecieron en el país más allá del periodo autorizado, así lo reveló el diario La Tercera.
Sin embargo, muchas de las órdenes de expulsión dictadas no se cumplen, hasta diciembre de 2016 se habían concretado sólo un 39,7% de ellas.
Leyes migratorias
Rodrigo Sandoval, quien renunció en julio a la jefatura del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, dijo que la razón para este bajo porcentaje de expulsiones efectivas es que falta mayor margen en la autoridad para establecer plazos contundentes, quedando la expulsión “sujeta al estado financiero y operacional de la PDI”.
Sumado a este problema, Francisco Dellacasa experto en derecho migratorio de la Universidad Católica dijo que “mantener personas en condición de expulsados, que por su condición no pueden regularizarse ni adquirir visa, se presta para toda clase de abuso”.
Cabe recordar que el Gobierno presentó en agosto su proyecto de nueva Ley de Migración, para actualizar la normativa que rige desde 1975. Sandoval asegura que, respecto a este tema, es fundamental que el proyecto incluya una nueva autoridad migratoria “que establezca criterios que prioricen qué tipo de extranjeros quieres expulsar y a cuáles regularizar”, ya que se carecen de los recursos para expulsar a todos lo que infringen la política migratoria.
