El Gobierno aprobó los recursos para aumentar la gratuidad universitaria al sexto decil en 2018. En la UDI, sin embargo, anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional, ya que consideran arbitrario que se permita a las universidades estatales recibir el beneficio, pese a no contar con los cuatro años de acreditación.
Por tercer año consecutivo, la oposición hizo reserva de constitucionalidad en el proyecto de Ley de Presupuesto sobre la gratuidad universitaria, aduciendo discriminación en la entrega del beneficio, que el próximo año sumará al sexto decil, llegando a favorecer a 381 mil estudiantes según cifras del Gobierno.
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La senadora de la UDI, Ena von Baer, cuestionó que instituciones estatales que no cumplen con los cuatro años de acreditación que exige la ley, puedan acceder al beneficio. Mismo argumento esgrimido el año anterior y que finalmente desecharon, tras negociar con el Gobierno la entrega de la Beca Bicentenario a universidades privadas fuera del Cruch.
En el Gobierno lamentaron la posición de la senadora de la UDI. La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, aseguró que son ellos los que tendrán que explicar a la gente, por qué quieren hacer caer la gratuidad universitaria.
El senador socialista, Carlos Montes, puso en duda que el Gobierno nuevamente esté disponible para negociar con la derecha, indicando que más $4 mil millones de la Beca Bicentenario fueron a parar a la Universidad Andrés Bello, plantel cuyo controlador a reconocido públicamente que lucran.
Indicar que en la oposición sólo la senadora UDI votó en contra de la gratuidad universitaria, ya que el diputado de Renovación Nacional, Germán Verdugo, aprobó la iniciativa.
En cuanto a la restitución de los $63.500 millones para la gratuidad escolar, el Gobierno logró aprobar su propuesta y reiteró que no habrá perjuicio para los niños vulnerables que reciben la Subvención Escolar Preferencial, como lo sostuvo la subsecretaria de Educación.
La fórmula del Ejecutivo contempla reasignar $26 mil millones de la subvención preferente, otros $3 mil millones de gastos administrativos del Mineduc y $34 mil 500 millones del Tesoro Público.
