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Director de Inteligencia de Carabineros respalda lo realizado en la Operación Huracán

Archivo | RBB
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El director nacional de Inteligencia de Carabineros, general inspector Gonzalo Blu, defendió la denominada Operación Huracán, a pesar del revés que tuvo la Fiscalía con la liberación de los ochos imputados tras un fallo unánime de la Corte Suprema.

“Se utilizó la facultad que otorga la ley de Inteligencia, liberando información categórica y contundente al Ministerio Público, lo que en conformidad al principio de legalidad, implicó la detención de ocho individuos quienes se presume estarían implicados en, al menos, tres atentados incendiarios y dos atentados frustrados”, manifestó.

Con respecto a la ejecución de Huracán, aseguró que “se realizaron conforme a los protocolos institucionales y legales en el más irrestricto respeto a los derechos humanos, significando que los imputados quedaran en prisión preventiva, instancia que incluso fue ratificada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Temuco, por unanimidad”.

En cuanto a liberación de los acusados que se mantenían en prisión preventiva, sostuvo que “quiero dejar en claro que el fallo de la Corte Suprema no ha cuestionado la información recopilada por Carabineros de Chile, que insisto, ha sido obtenida con estricto respeto a la normativa legal vigente”.

En esa línea, indicó que existe información relevante y concluyente de los ataques. “Los hechos de este año, que dañan profundamente a nuestra sociedad, han presentado características de mayor violencia en su ejecución, que da cuenta de una planificación y coordinación de los ataques por parte de las orgánicas radicales Weichan Auka Mapu, Coordinadora Arauco Malleco y Resistencia Mapuche Malleco”, manifestó Blu.

Además, el jefe de Inteligencia anticipó que continuarán realizando un trabajo serio y profesional, que las diligencias recién comienzan y su objetivo es encontrar a todos los integrantes de esta “organización criminal”.

Por último, destacó la detención de 192 personas con vinculaciones a la violencia rural, de las cuales 122 eran requeridas por los tribunales de justicia.

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