El informe anual de Derechos Humanos emitido por la Univesidad Diego Portales (UDP) generó conclusiones con respecto a la realidad de Sename. En ese sentido, apuntó a falta de voluntad para supervisar, el debilitamiento del cuidado de menores como deber del Estado y el rol del Poder Judicial que ha atentado en la calidad de esta protección.

Eduardo Alcaíno, uno de los autores, indicó que se estableció que el Estado no tiene atribuciones suficientes de fiscalización, ya que no es una amenaza para cerrar instituciones colaboradoras negligentes y que el cuoteo político no sólo ocurre en los directivos, sino que también en las propias organización privadas.

El presidente de la denominada comisión Sename Dos, el PPD Ramón Farías, manifestó que no se está preparado para cerrar los centros privados que no están funcionando correctamente, ya que no hay quien se haga cargo de esos recintos.

Uno de sus integrantes, el RN Nicolás Monckeberg, aseguró que el cuoteo político es “gigantesco” y que el Sename tiene prácticamente un nulo poder de fiscalización, por lo que mucho menos podrían cerrar aquellos lugares que no tengan un funcionamiento adecuado.

El Gobierno aseguró que han enviado al Congreso ocho proyectos de ley para reformular la política de menores, con declaraciones del propio ministro de justicia, Jaime Campos, con respecto a que la actual fracasó.