Fue en noviembre de 2016 que el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, inició la investigación en el caso del millonario fraude en Carabineros, por las operaciones sospechosas en Punta Arenas vinculadas al capitán en retiro ahora imputado, Felipe Ávila.

De esta forma, se desencadenó una multiplicidad de diligencias ordenadas por el acusador que -por medio de escuchas telefónicas, seguimientos, requerimientos de información a Carabineros y Contraloría- lo llevaron al Departamento de Finanzas y Remuneraciones y específicamente a dos contratados por resolución y al comandante en retiro e imputado, Héctor Nail.

Este último incluso entregó los primeros informes al Ministerio Público, donde decía que las transferencias correspondían a errores del calculador: un sistema usado por la institución para el pago de remuneraciones.

El resto de la historia todos la conocemos, con imputados que la próxima semana van a superar el centenar de personas.

Sin embargo, los movimientos irregulares del primer indagado en el mega fraude (Felipe Ávila) datan de 2014. Fecha en que el BancoEstado no detectó ni sospechó de estas operaciones, pese a que su remuneración era cercana a los 1,7 millones de pesos y no se condecía con los montos que manejaba.

Así se indicó en The Clinic, donde se describe que frente a evidencia de que se habían percibido 600 millones de pesos irregulares, uno de los gerentes escribió: “Este tema no lo entiendo. Carabineros hace los abonos que quiere a las cuentas que quiere. Nosotros como banco no tenemos opinión al respecto”.

Los dichos rescatados por el diario son de autoría del gerente de Negocios Transaccionales de BancoEstado, Felipe Galarce González, quien ante las dudas surgidas sobre los millonarios traspasos a la cuenta de Ávila, que oscilaban entre los 15 y los 70 millones de pesos, se desentendió de la situación.

También hace cinco años, la Fiscalía Centro Norte echó por tierra una denuncia por operaciones bancarias sospechosas del exteniente coronel Arnoldo Riveros, por un monto de 40 millones de pesos. En ese entonces, se requirió información a la Dipolcar de la policía uniformada, que pidió la elaboración de un informe que ejecutó el general en retiro, ahora imputado, Flavio Echeverría.

La Fiscalía indaga ambas situaciones, y todas las que dicen relación con omisiones o actos tendientes a ocultar o evitar la acción de la justicia, en lo que podría derivar en un delito de obstrucción a la investigación.

Sobre la situación de BancoEstado, Campos dijo que se indaga desde un principio.

Una vez que se reactiven las diligencias en el mega fraude relacionadas a posible obstrucción a la justicia, el abogado de Flavio Echeverría, José Luis Andrés, se mostró disponible para que su representado declare nuevamente.

En tanto, se espera que la próxima semana se reactiven las pesquisas en esta arista por obstrucción.

Asimismo, en dicho periodo serán formalizadas 21 personas más, en cuya audiencia se espera que el monto defraudatorio tenga un nuevo aumento por sobre los 25.000 mil millones de pesos.