Integrantes de la Comisión de Constitución del Senado respaldaron la decisión de volver a poner en tabla, durante la última semana de octubre, un proyecto de ley que permite ampliar la fiscalización a congresistas.
Tras conocerse los casos de asesorías externas e informes plagiados que involucraron al Congreso Nacional, las críticas hacia el Poder Legislativo se intensificaron ante los millonarios montos que varios parlamentarios invirtieron para solicitar los documentos.
A comienzos de septiembre, la Fiscalía solicitó al Senado todos los contratos e informes de respaldo de las asesorías externas contratadas entre el 2011 y agosto de este año. La investigación busca establecer un eventual fraude al fisco.
Desde la Cámara Alta no han entregado todos los antecedentes. Sólo enviaron un listado de asesores externos y contratos, pero sin los informes de respaldo. En total, son más de 1.300 contratos entregados a la Fiscalía Metropolitana Oriente.
El caso “copy-paste” puso en el debate los mecanismos de control para fiscalizar al Congreso, y es por esta razón que la Comisión de Constitución del Senado volverá a poner en tabla durante la última semana de octubre un proyecto que busca ampliar y robustecer la fiscalización a congresistas.
La iniciativa estuvo siete meses estancada luego que el otrora presidente del Senado, el PPD Ricardo Lagos Weber, informó sobre un acuerdo de los comités para sacar la iniciativa de la discusión.
El integrante de la Comisión de Constitución del Senado, el vicepresidente de Renovación Nacional, Alberto Espina, respaldó la iniciativa. Aseguró que todo lo que signifique mayor fiscalización será mejor, ya que permitirá que la seguridad está actuando de manera correcta y bajo la legalidad.
Su par de comisión, el senador independiente Pedro Araya, dijo que apoyarán la medida, ya que permitirá mejorar los niveles de control no solo en el Congreso, sino que en cualquier institución pública.
Opinión similar fue la que sostuvo el senador del Partido por la Democracia, Eugenio Tuma, quien añadió que la fiscalización es fundamental para que exista probidad de la acción pública.
Pero la medida no es la única que está en carpeta. El Consejo para la Transparencia retomó una petición para modificar la Ley de Transparencia, una iniciativa que en marzo del 2015 envió a través de un oficio a la presidenta Michelle Bachelet para perfeccionar el acceso de información en el país.
De esta manera, el organismo espera controlar toda información que exista en el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial, una medida que hoy no está dentro del organismo.
