Un año y 11 meses duró la tramitación en el Congreso del proyecto de Nueva Educación Pública, iniciativa que fue despachada a ley este martes, luego que ambas cámaras del Parlamento aprobaran el informe de la comisión mixta.

Desde el Gobierno calificaron como un hito histórico terminar con la desmunicipalización y reiteraron que el plazo límite para ingresar al nuevo sistema es en 2030; descartando la ofensiva de algunos parlamentarios de la oposición que sostuvieron que los municipios que administren bien los colegios podrán seguir haciéndolo de forma indefinida.

De esta forma, a partir de marzo de 2018, los colegios municipales de las comunas de Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia, que comprende el servicio Barrancas; más Coquimbo y Andacollo, que conforma el servicio Puerto Cordillera; pasarán a ser los primeros establecimientos públicos en ser administrados por los futuros Servicios Locales de Educación.

Sin embargo, no todos en el oficialismo quedaron satisfechos con lo acordado en la comisión mixta, como es el caso de los diputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber y Mario Venegas, quienes votaron en contra.

Este último, argumentó que su rechazo obedeció al plazo de 2030 que se fijó como tope para la desmunicipalización.

En el Senado, en tanto, la votación fue unánime.

34 parlamentarios aprobaron el informe de la comisión mixta, que entre otros puntos, mantuvo lo planteado por la derecha de postergar el ingreso al nuevo sistema de los municipios que demuestren buenos índices de calidad.

Norma que, según el senador de Renovación Nacional, y uno los artífices del acuerdo con el Gobierno, Andrés Allamand, permitiría retrasar el traspaso de los establecimientos de manera indefinida; contrario a lo sostenido por el diputado de la UDI, Jaime Bellolio.

Desde el Gobierno descartaron lo sostenido por Andrés Allamand, asegurando que todos los colegios municipales ingresarán al sistema a más tardar en 2030, aclarando que el número de municipios que reuniría los requisitos de calidad son menores.

Si bien desde la oposición reiteraron su rechazo a la idea de desmunicipalizar la educación, de todas formas sus parlamentarios votaron a favor del proyecto, luego del acuerdo al que se llegó con el Gobierno, donde negociaron la transición a cambio de no llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional, como lo indicó el ministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente.

Desde el Colegio de Profesores también expresaron su rechazo a lo que aprobó el Congreso, asegurando que el cambio de administrador en los colegios no terminará fortaleciendo a la educación pública, aunque valoraron que se resguardara el pago de las deudas antes de que se realice su traspaso al nuevo sistema.