Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, acudió hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para presentar la dúplica en el caso que enfrenta a Chile y Bolivia, sobre la eventual obligación de negociar un acceso al océano Pacífico.

El canciller entregó el documento con los argumentos finales de nuestro país a la réplica presentada por los altiplánicos el 21 de marzo. Con este documento de 196 páginas, que pone fin a la parte escrita, el proceso entrará en su fase oral en una fecha todavía por determinar.

“Creo que es un documento muy sustantivo, que deja en evidencia las debilidades del argumento boliviano, que ha sido de una línea argumental cambiante”, sostuvo.

“Partió con la solicitud de un acceso completamente soberano, plenamente, con cesión de territorio, que luego se transformó en los alegatos finales como un acuerdo práctico o una zona especial”, explicó.

Es por ello, que aseguró que incluyeron esos aspectos. “Hacemos presente esas inconsistencias, pero además agregamos argumentos jurídicos e históricos, para cerrar bien esta parte de los alegatos escritos”, manifestó.

Ante este panorama, expresó la confianza en el trabajo realizado por la defensa chilena, el de los agentes y en que tendrán buenos resultados.

La comitiva chilena, que completa el agente Claudio Grossman y los coagentes María Teresa Infante y Alfonso Silva, se reunió con el secretario de la CIJ, con quien hablaron de plazos. “Si bien es cierto que tiene que ser decidido por los propios jueces, los alegatos finales podría no ser antes de junio del próximo año. Luego tendrá que fijarse, en marzo”, informó Muñoz.

“Hay que hacer una reflexión de si se ha perdido el tiempo, porque al final de cuentas, la Corte ha dicho que si existiese una obligación de negociar, serían los dos países que tienen que decidir”, manifestó.

El agente, en tanto, reforzó la idea de Muñoz. “Lo importante es que se cumplió antes del plazo, lo que da un mensaje muy sólido. No se hizo sólo por presentarlo antes, sino porque estaba listo”, dijo.

Asimismo, Grossman añadió que “los plazos de la Corte son entre seis meses y un año, por lo que podría haber respuesta en 2019, pero todo puede cambiar. Hay dos casos antes”.

El canciller asumió que será otra administración la que continuará con este proceso, pero se mostró confiado. Mencionó que todos tienen los mismos lineamientos en este ámbito y que no está en peligro la soberanía.

Con respecto al caso del río Silala, Heraldo Muñoz aseguró que “es un río internacional, por lo que corresponde un uso responsable y equitativo a esas aguas. Bolivia no puede afectar la cantidad ni calidad de aguas de las aguas que lleguen a Chile por Ley de Gravedad”.

“Me siento orgulloso de eso, porque tuvimos la iniciativa de defender recursos naturales y nuestros intereses. Es lo que tiene que hacer cualquier Gobierno”, sentenció.

Antecedentes

La Paz llevó a Santiago ante La Haya en 2013 para que el tribunal internacional se pronuncie sobre una eventual obligación de Chile a negociar un acceso “soberano” al océano reclamada por Bolivia.

Bolivia perdió esta salida en una guerra librada a fines del siglo XIX y que es el origen de todas las disputas diplomáticas entre ambos países, que mantienen interrumpidas sus relaciones diplomáticas desde marzo de 1978.

A esta disputa marítima, el gobierno chileno sumó un nuevo frente en 2016 en la CIJ, cuando llevó el caso de las aguas del Silala, considerado por nuestro país como un río internacional cuyos derechos de uso son compartidos.

Bolivia, en cambio, acusó a Chile de haber desviado artificialmente el curso de esas aguas, al cual consideran como un manantial, y de no haber pagado por ello.