El pasado lunes 4 de septiembre, el ministro del Interior, Mario Fernández concurrió hasta la sede del Congreso en Santiago para presentar el proyecto de Ley de Migración ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja. Iniciativa que motivó una interpelación en su contra y que busca hacerse cargo del creciente flujo migratorio del país reemplazando un decreto ley promulgado por el dictador Augusto Pinochet en 1975.
El texto legal, que se encuentra disponible en el sitio web de la Cámara Baja, contiene un mensaje presidencial que contextualiza la necesidad de contar con un marco que vele por los derechos de humanos la población migrante, así como también establecer una serie de prohibiciones para evitar la comisión de abusos o el ingreso de personas con antecedentes delictuales.
Respecto a las cifras, los antecedentes presentados por el Ejecutivo dan cuenta que, según datos del Departamento de Extranjería y Migración, entre 2015 y 2016 recibieron 273.257 solicitudes de visa, principalmente de ciudadanos peruanos (21,2%), colombianos (17,7%) y haitianos (16%).
En términos generales, el Gobierno sostuvo que el número de extranjeros residentes en Chile ha crecido en un 200% entre los años 2006 y 2015, pasando de 154 mil a 465 mil, representando un 2,7% de la población total nacional, de acuerdo a la información proporcionada por la encuesta Casen de 2015.
Una deuda histórica
Dentro de los fundamentos que entregó La Moneda para someter a discusión el proyecto es la necesidad de contar con una ley moderna que reemplace al decreto Ley N° 1094, de 1975, que es la base de la legislación migratoria y fue creada durante la última dictadura militar del país.
En este sentido, el mensaje presidencial explica que la discusión en esta materia “no ha sido sometida a debate en el Congreso Nacional”.
Asimismo, texto enfatiza que “con la presentación de este proyecto se subsana entonces una deuda histórica con los migrantes que transitan, ingresan y residen en nuestro país, tal como los chilenos hemos transitado, ingresado y residido en otros lugares del mundo y aborda también un debate democrático que se mantenía pendiente”.
Para Amnistía Internacional, el decreto promulgado durante la dictadura de Augusto Pinochet pone extremo énfasis en las intenciones políticas propias de su Gobierno y la época en la que fue redactado, que no tiene como base fundamental el respeto a los Derechos Humanos.
De esta forma, por ejemplo, se establecen prerrogativas de expulsión para quienes fomenten actitudes agitadoras o sean “activistas de doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de Gobierno”.
Registro de extranjeros
Crear un Registro Nacional de Extranjeros, que será administrado por la Subsecretaría del Interior, es otro de los aspectos que considera el proyecto de ley enviado por la Casa de Gobierno, y cuyo carácter será reservado, con el fin de evitar la proliferación de datos sensibles de la población migrante.
Los datos que manejará el Gobierno serán relativos al ingreso y egreso de extranjeros hacia y desde el territorio nacional, indicación del tipo de categoría migratoria y vigencia del permiso migratorio, así como también las solicitudes denegadas, identificación de extranjeros, domicilio de los residentes temporales, visitantes y residentes oficiales.
Nuevas categorías
Permiso de turista; permiso de visitante; habitante de zona fronteriza; residente temporal; residente oficial, y residente definitivo, son las categorías migratorias que contempla el proyecto de ley.
El permiso de visitante, aparece como una precisión novel en el sistema nacional y será otorgado en las subcategorías de visitante de negocios, profesional o técnico, transportista, estudiante en programas de corto plazo, tripulante de transporte internacional, corresponsal de prensa, artista, deportista, académico, conferencista, cooperantes y voluntarios internacionales, pasantes, misioneros, aquellos acogidos a acuerdos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y que concedan este permiso, y otros especiales.
Es precisamente este apartado el que beneficiaría a aquellos migrantes que llegan a Chile en busca de trabajo, ya que les permitiría realizar actividades remuneradas lícitas.
Prohibiciones
El proyecto de ley presentado por el Gobierno también establece prohibiciones de ingreso, especialmente para personas condenadas, prófugas o que se encuentren en medio de un proceso judicial, por hechos que las leyes nacionales “califiquen de delito contra el orden y seguridad públicas”.
Tampoco podrán ingresar a Chile, las personas que hubiesen cometido los delitos de asociación ilícita, financiamiento al terrorismo, terrorismo, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, homicidio, violación y otros delitos sexuales, secuestro, sustracción de menores, femicidio, parricidio, infanticidio, producción de material pornográfico infantil, promoción o facilitación de la prostitución infantil y otros delitos asociados al crimen organizado.
