Este sábado el Servicio Electoral publicó el registro de candidaturas aceptadas y rechazadas para el proceso eleccionario de noviembre.
Según lo informado por el Servel, “resultaron aceptadas 6 candidaturas presidenciales, 124 a senadores, 910 a diputados y 1.541 a consejeros regionales, quienes aspiran a los 23 cupos que se eligen en esta oportunidad en el Senado, a los 155 en la Cámara de Diputados y a los 278 de los 15 Consejos Regionales del país”.
Ante esto, representantes de distintas colectividades le restaron importancia al listado, considerando que los partidos pueden “reclamar ante los Tribunales Electorales Regionales (TER) en el caso de los cores y ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en el de candidatos presidenciales y parlamentarios”, según detalló el Servel.
No poseer nacionalidad chilena, no cumplir con la edad mínima requerida para desempeñar el cargo, no acreditar la enseñanza media completa o no poseer residencia de al menos dos años en la circunscripción o distrito al que postulan son algunas de las razones de los rechazos.
El Partido Progresista, inscribió 116 candidaturas entre las que destacan 16 rechazos. Un número que sin embargo no complica a su presidente, Camilo Lagos, quien señaló que regularizarán al menos dos tercios de estas imputaciones.
El presidente de Revolución Democrática, Rodrigo Echecopar, señaló que hay tiempo para enmendar los errores en los que pudieran haber incurrido y sostuvo que se debe al gran número de postulantes que presentó el Frente Amplio a lo largo del país.
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Una línea que compartió el timonel del PPD, Gonzalo Navarrete, quien indicó que existen algunos detalles, pero todo será resuelto a la brevedad.
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El coordinador político de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, señaló que los secretarios generales de Chile Vamos le aseguraron que solucionarán los 4 casos irregulares de postulantes a diputados de la colectividad.
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El próximo jueves 7 de septiembre expira el plazo para reclamar en los Tribunales Electorales Regionales en el caso de los cores y ante el Tribunal Calificador de Elecciones, en el de candidatos presidenciales y parlamentarios.