El Ministerio de Salud se autoimpuso el 31 de agosto como el plazo máximo para entregar atención médica a 76 pacientes que se encuentran en lista de espera y que tienen alto riesgo de fallecer.
Lo anterior, como parte de las conclusiones que se obtuvieron tras el informe de expertos convocados por la cartera para analizar la situación de 15.000 personas que murieron este 2017 aguardando por una atención de salud.
Según la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, los esfuerzos de la cartera a partir del informe se enfocaron en resolver las patologías más urgentes y en una auditoría de los servicios de salud, para así poder establecer si los fallecimientos tienen o no relación con la espera por atención de los pacientes.
En tanto, la directora de Fonasa, Jeannette Vega, informó que se solicitó al Ministerio de Hacienda la reasignación de 2.000 millones de pesos para la resolución de patologías.
Dicha petición surgió debido a que los 3.500 millones de pesos destinados este año para la derivación de pacientes a un segundo prestador -para resolver patologías AUGE- ya fueron utilizados.
Para el exsebsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, esta decisión revela que no existen los recursos suficientes en el sistema público para la resolución de enfermedades, pero además -a su juicio- revela la incapacidad de gestión de parte del Ministerio.
Las autoridades afirmaron que estas medidas corresponden a acciones extraordinarias del Minsal, para resolver las listas de espera tras el informe de los expertos.
Además de las auditorias, se contempla la migración de datos del actual registro a un nuevo sistema informático que comenzará a operar en noviembre, el cual cruzará datos con las bases del Registro Civil para una actualización rápida del número de fallecidos.
