En condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputados, quedó el proyecto que crea una sociedad anónima del Estado denominada “Fondo de Infraestructura S.A”. Ello, luego que la Sala del Senado concluyera el despacho en particular de la iniciativa tras dos jornadas de debate.

Se trató de una tramitación marcada por la polémica decisión del Gobierno de ingresar una indicación que prohibía a la Contraloría fiscalizar más allá del capital inicial que contempla este Fondo de Infraestructura, donde se espera la participación de privados.

No obstante, la Sala del Senado finalmente acordó rechazar la frase del artículo mencionado, dejando el texto original que salió de la Comisión de Obras Públicas.

De esta forma, la Contraloría podrá fiscalizar las inversiones y los contratos que se suscriban cuando este Fondo esté en funcionamiento.

En el debate quedaron de manifiestas “posiciones encontradas”, en donde la oposición fue enfática en señalar que cualquier delimitación a la función fiscalizadora de la Contraloría “era un retroceso inaceptable”.

Los senadores García Ruminot, Coloma, Prokurica, García Huidobro, Larraín, Pérez Varela y Moreira argumentaron que con estas normas “se cercenaban facultades constitucionales” y significaban “un cambio en las reglas del juego”, más aun “tratándose de recursos cuantiosos” (9 mil millones de dólares), por lo que instaron al gobierno a mantener el texto original, independientemente de abordar este tema en otra discusión legal.

Por su parte, el ministro Rodrigo Valdés dejó constancia que “este es un tema complejo” y la necesidad de garantizar un adecuado control del Fondo, pero “sin que ello implique que el órgano contralor pueda intervenir en decisiones de negocio o gestión de la empresa”.

Reconoció además que la indicación en discusión “no era parte del proyecto original, pero tampoco teníamos los temas que hemos tenido con la Contraloría cuando escribimos este proyecto”.

En ese sentido, sostuvo que el rol de la Contraloría ha ido cambiando y aunque “no hay ningún problema en que la Contraloría escarbe hasta donde sea necesario en cualquier servicio público, si tratamos a una empresa como servicio – y no estoy diciendo que se trate siempre así-, no vamos a poder tener empresas públicas que funcionen”.