Según el Registro Nacional de Prófugos, hay 38.597 personas en la nómina que permite a las instituciones de seguridad ciudadana conocer quienes registran una o más de las 47.715 órdenes de detención pendientes, dictadas por tribunales penales.
De ellas, 7.043 personas deberían cumplir una pena privativa de libertad, consignó el diario El Mercurio.
Un 81,5% de los prófugos corresponden a individuos declarados como rebeldes, ya que se encuentran imputados y no se pusieron a disposición de la justicia ni fueron encontrados por las policías, a pesar de la existencia de una orden de detención o de prisión preventiva.
Tras recibir el documento, el presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Leonardo Soto, afirmó que 1.422 menores de edad tienen órdenes de detención pendientes.
Al respecto, y en el contexto del proyecto de ley que permitiría hacer controles preventivos de identidad a mayores de 16 años, tanto el defensor nacional, Andrés Mahnke, como el fiscal nacional, Jorge Abbott, coincidieron en que no ha aumentado el ingreso de menores al sistema penal, sino que ha aumentado su reincidencia.
