Por casi dos horas, los senadores de la Comisión de Constitución continuaron esta mañana con el análisis del proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en la cual participaron representantes de las asociaciones de funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename), quienes plantearon diversas inquietudes.

Éstas, específicamente, tiene que ver con cómo será su traspaso, considerando que la iniciativa divide en dos a la entidad, entre una de protección y otra judicial.

Según el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Felipe Harboe (PPD), algunos trabajadores están preocupados ya que no contarían con las exigencias mínimas para continuar, mientras que otros piden la creación de una asignación de riesgo para ellos.

Muchos de estos funcionarios no tienen la calificación profesional ni los magíster ni la especialización adecuada, entonces están preocupados de que puedan quedar fuera de los procesos de selección de personal del nuevo servicio, porque (éste) basa su gran cambio en que sólo habrá especialistas en esta materia”, sostuvo Harboe.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, Alicia Del Basto, manifestó que actualmente existen cerca de 4.200 trabajadores del organismo, por lo que señaló que se debería implementar un mecanismo de jubilación para aquellos que no quieran seguir en el Sename.

“No se ha dicho cómo va a ser esta separación y esta distinción, porque también van a haber nuevas direcciones regionales a lo largo del país (…) y eso es lo que necesitamos claridad hoy día. Cómo se estructuran cada uno de estos servicios para que funcionarios también tengan claridad a cual de ellos van a poder acceder”, señaló Del Basto.

También se analizaron modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes. De acuerdo a la jueza de Garantía de San Bernardo, Magdalena Casanova, si bien la norma es un avance, debiese considerar que existen sanciones que debieran cambiarse.

“Algunas sanciones, en la práctica, no cumplen los fines establecidos en la Ley, resulta como poco importante aplicarlas. Debiesen ser a lo mejor eliminadas. Algunas debiesen ser más restringidas, debiese también acercarse con los adolescentes cuando cumplen sanciones ya de adultos”, sostuvo Casanova.

Los parlamentarios continuarán la discusión y recibirán a más expertos en las próximas jornadas para debatir la iniciativa del Gobierno.