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Caso Tsunami: Acusado evitó ir a juicio oral en audiencia marcada por pelea entre abogados

Archivo | Agencia UNO
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La Justicia definió este lunes el pago para los familiares de las 104 víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010, en medio de duros emplazamientos entre la defensa y el abogado querellante, por un supuesto aprovechamiento político, en un caso donde no hay condenados luego del acuerdo entre la Fiscalía y los acusados.

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se realizó una audiencia para resolver la eventual revocación de la suspensión condicional del procedimiento en contra de Johaziel Jamett, exjefe de Alerta Temprana de la Onemi, por el atraso en los dos pagos para indemnizar a las víctimas.

Se trata de dos pagos que debían realizar, en octubre de 2016 y en marzo de 2017, el exsubsecretario del Interior, Patricio Rosende ($75 millones); la exdirectora de la Onemi, Carmen Fernández ($39 millones); Johaziel Jamett ($5 millones); además de los exfuncionarios del SHOA, Mario Andina, Mariano Rojas y Andrés Enríquez ($39 millones c/u).

No obstante, Jamett pagó las cuotas adeudadas por lo que finalmente se descartó volver a un juicio oral. Además, se estableció el depósito de las indemnizaciones de 2 millones 250 mil pesos para cada una de las familias de las víctimas, en cuentas de BancoEstado a partir del 1 de agosto.

No obstante, la atención se centró en un fuerte altercado registrado al interior del tribunal entre la abogada que representa a los acusados, Paula Vial, que acusó un supuesto “aprovechamiento político” del abogado querellante y exmilitante de RN, Raúl Meza.

Revisa el momento captado por CNN Chile:

A la salida de la audiencia, el jurista se refirió a la polémica, apuntando al antiguo cargo de su contraparte. “Paula Vial fue defensora penal pública designada por este Gobierno, por lo tanto ella pertenece a un sector político”, señaló a Radio Bío Bío.

“Siempre lo he sostenido, aquí murieron 104 personas y se hizo un negocio procesal entre la Fiscalía y la defensa de los imputados, recordemos que aquí la suspensión condicional se hizo en contra de la voluntad de las víctimas y de los querellantes, y por lo tanto cuando uno tiene derecho a ejercer esos instrumentos procesales y no por eso tiene una connotación política”, criticó.

“Aquí todo el país fue testigo, desde lo jurídico, no desde lo político, de que la señora Bachelet es la gran responsable y nunca dio la cara y nunca pidió perdón”, sentenció.

Mientras, el fiscal a cargo del caso, José Luis Pérez Calaf, se sumó a las críticas por el uso político de este caso. “Yo creo que el caso se transformó de alguna manera entre mediático y político, que hubiesen personalidades y figuras políticas imputadas, le da ese cariz político”, estimó.

Ajeno a la pelea, entre el público se encontraba Claudio Ortiz, padre de Joaquín (“Puntito”), menor de 8 años que falleció el 27F en el archipiélago de Juan Fernández, quien se quejó por la ausencia de un “perdón” por parte de las autoridades.

“Más allá de lo estrictamente legal estoy hablando de una disculpas públicas, de un reconocimiento en este caso de Michelle Bachelet, de un reconocimiento real que se actuó mal, que ella no estaba preparada para enfrentar una emergencia”, lamentó.

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