Ayer jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de queja disciplinaria presentado por el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, en contra del magistrado del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Manuel Escobar.

Tras ello, si bien algunos creían que podría haber recurrido a la Corte Suprema para zanjar el asunto, el persecutor anunció este viernes que acatará la orden judicial e interrogará a los fiscales del caso Penta, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, tal como lo solicitó la defensa de los dueños del holding, Carlos Délano y Carlos Lavín.

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El abogado que los defiende, Julián López, pide que los fiscales declaren sobre un supuesto acuerdo incumplido: asegura que Gajardo y Norambuena ofrecieron a los dueños de Penta un juicio abreviado y sin prisión preventiva, bajo cuyas condiciones habrían renunciado a su derecho a guardar silencio para prestar declaración en la indagatoria, lo que en la práctica no ocurrió. Por ello es que la defensa acusa que se actuó bajo engaño.

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Por el contrario, la Fiscalía los tiene acusados de delitos tributarios, por los que pide 10 años de cárcel para ambos empresarios.

En ese contexto, uno de los persecutores aludidos, Carlos Gajardo, disparó contra la determinación a través de Twitter: “¿Engaño? El único engaño acá es el que durante años se hizo defraudando al SII y luego intentando parar investigaciones y cambiar fiscales”, acusó.

En esa misma línea, el fiscal Guerra aseguró que se quiere dañar la institucionalidad del Ministerio Público, porque -según él- se está detrás de una maniobra para inhabilitar fiscales. “A mí me cuesta creer que fiscales hayan mentido”, dijo.

“A mí me corresponde tomar la declaración porque soy el fiscal asignado al caso Penta. Y esto es en el marco del caso Penta. Por lo tanto, tengo que cumplir con esa obligación”, aseguró Guerra, pese a que el abogado defensor había solicitado que la tomara otro fiscal.

Como sea, Julián López explicó que no buscan dejar fuera del caso a los fiscales, sino que pretenden que se declaren ilegales los testimonios que dieron sus clientes, debilitando así los planteamientos de la Fiscalía.

Ahora Guerra tiene plazo hasta el 4 de agosto próximo para tomar la declaración a sus persecutores, pues en esa fecha se vence el plazo de investigación del caso Penta.