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Multas a grandes empresas dieron fin a procesos por financiamiento ilegal a políticos

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Nuevas sentencias del Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) evitaron acciones penales en contra de empresas indagadas en el marco de los casos por presunto financiamiento ilegal de la política.

De esta forma, las nuevas sentencias dictadas durante la jornada de ayer jueves ordenaron millonarias multas para firmas como BCI y Arauco, confirmaron fuentes de Radio Bío Bío.

En marzo, el Servicio de Impuestos Internos puso freno a la presentación de querellas en los casos denunciados por el Ministerio Público, optando por la vía administrativa para sancionar a empresas que presentaron rectificaciones, y cuyo único reproche fueron las multas.

Este es el caso de las firmas mencionadas anteriormente, las que fueron notificadas de la sentencia en su contra.

Se indicó a este medio que la multa está sobre el 150 por ciento de lo eludido y va desde los 60 a los 300 millones de pesos.

En esa línea, se extingue definitivamente la acción penal en contra de las empresas, ya que el artículo 162 del Código Tributario indica que al tomar la vía administrativa, no es posible optar por el camino penal.

El primer favorecido en este caso fue Ripley, que también tuvo que pagar –en mayo– una millonaria multa, terminando así con las posibles acciones penales en su contra por haber presentado declaraciones de impuestos maliciosamente falsas o incompletas, correspondientes a los años comerciales 2013 y 2014.

La arista relacionada con estas empresas surgió en el marco del Caso Penta. En específico, en la investigación en contra del excandidato presidencial y senatorial, Laurence Golborne.

Se estableció que, por medio de las firmas del imputado, Tomás Carrasco, como VSA, facilitó que dineros de Penta fluyeran a la campaña del excandidato.

En su declaración, reconoció que facturó para nueve empresas más: Ripley, Watt’s, empresas CAP, Inmobiliaria Ecomac, inversiones Longovilo, e inversiones Paso Nevado, entre otras.

Incluso en este marco surgieron los primeros antecedentes sobre Ecsa, controlador de Ripley, por dos facturas de Asesorías Credo, proveedor de la campaña de Michelle Bachelet.

Ahora resta que otras empresas denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos, ante el TTA, sean sancionadas y se descarte cualquier acción penal en su contra.

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