La presidenta de la República, Michelle Bachelet, recibió en La Moneda la memoria que Chile presentó, al mismo tiempo, ante la Corte Internacional de Justicia por la demanda interpuesta contra Bolivia por el uso de las aguas del Silala: la mandataria explicó que la finalidad es que decreten que el río es internacional y que para ello se cuenta con argumentos “sólidos”.

“Nuestras discrepancias surgen porque Bolivia dice ser propietaria del río, negando a Chile el derecho a usar sus aguas y acusando que nos hemos apropiado ilegalmente del curso”, comenzó explicando la autoridad.

La solicitud presentada en La Haya pretende “que declaren que el río es compartido” y “está amparada por argumentos muy sólidos“, según proclamó Bachelet.

“Bolivia reconoció el carácter internacional del río por más de 100 años. Esta posición cambió abruptamente en 1999 sin ninguna justificación”, añadió.

“Chile cuenta con todos los antecedentes científicos para probar ante la Corte que (el caudal) cruza de Bolivia hacia Chile. Disponemos de evidencias geológicas, hidroquímicas, geomorfológicas, biológicas e hidrológicas para reafirmarlo”, sentenció la Presidenta.

Solución pacífica

El dato más simple, según Bachelet, “es que la topografía del lugar baja desde los 4.400 metros en Bolivia hasta los 4.200 en nuestro país, por lo que el agua solo puede correr hacia Chile”.

“Para nosotros es fundamental resguardar este recurso hídrico que ha sido fundamental para surtir de agua a varias localidades, entre ellas Antofagasta, Sierra Gorda o Baquedano, y que actualmente está siendo usado por Codelco“, prosiguió la mandataria.

“Bolivia no puede pretender apropiarse de aguas que son compartidas. La decisión de presentar la demanda ante esta Corte no fue rápida: intentamos solucionarlo de manera diplomática. (…) Chile es un país que se apega al Derecho Internacional y cree en la solución pacífica a las controversias“, dijo la máxima autoridad de la República.

Por último, Bachelet quiso agradecer el trabajo a los especialistas que elaboraron la memoria -entre ellos, la agente Ximena Fuentes, y los coagentes María Teresa Infante y Juan Ignacio Piña- así como a los profesionales de La Haya que realizaron numerosas investigaciones en terreno, en nuestro país.