Con el fin de concretar la detención de Aldo Lagos, dueño de la escuela de inversiones Investments School, la policía busca dar con su paradero debido a su calidad de imputado como el presunto autor de una estafa piramidal.

El Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, confirmó que no han dado con su paradero tras buscarlo en los domicilios que fijó en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, estamento que emitió una orden de detención en contra del imputado por una estafa reiterada de $1.500 millones.

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Este viernes Lagos debía presentarse en el tribunal, ya que el jueves la tercera a la de la Corte de Apelaciones intensificó -a prisión preventiva- la medida cautelar en su contra, revirtiendo así la decisión del juzgado de primera instancia que lo había dejado bajo el régimen de arresto domiciliario, ello tras su formalización la semana pasada cuando la fiscalía le atribuyó el fraude.

Según las víctimas, que lo denunciaron a través de tres querellas presentadas ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el indagado comprometía utilidades por intereses de entre 1,5 y 2% de retornos mensuales sobre los capitales invertidos.

Como garantía, Lagos habría entregado a los clientes un cheque dólar del banco HSBC de Miami, cuya cuenta existe pero los investigadores cuestionan que tenga fondos, según detallaron fuentes de las indagatorias.

En una de las querellas presentadas, en la investigación que dirige el fiscal Carlos Gajardo, un afectado señala que Investments School era una empresa dirigida por Aldo Lagos bajo el cargo de director ejecutivo y su giro era realizar cursos en el área de las inversiones, según se promocionaba en su sitio web Investmentsschool.cl.

Según intervinientes en el caso, la empresa se posicionó como escuela ofreciendo servicios en Codelco, en la División de Chuquicamata.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)