La Corte Internacional de Justicia (CIJ), basada en La Haya, comunicó este martes 30 de mayo al Gobierno de Chile que Louise Arbour renunció a sus funciones como jueza ad hoc en el caso “Bolivia v. Chile. Obligación de Negociar Acceso al Océano Pacífico”.

Lo anterior, debido a que el pasado 9 de marzo el Secretario General de las Naciones Unidas anunció públicamente la designación de la jueza Arbour como Representante Especial del Secretario General de la ONU para la Migración Internacional.

Esa importante posición impone una carga de trabajo de tal magnitud que hace incompatible su continuación en el presente caso.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) aseguró que respeta “la decisión de la jueza Arbour y le extendemos nuestras sinceras felicitaciones por las importantes responsabilidades que le ha otorgado la comunidad internacional. Ella podrá contar con la cooperación de Chile en el desempeño de sus nuevas funciones”, recalcaron.

Por lo mismo, el Estado de Chile ya tiene designado a un nuevo juez ad hoc, cuyo nombre debe ser ratificado por la CIJ, por lo que aún no será dado a conocer publicamente.

A dicho panorama se suma la pérdida de dos agentes en esta causa con Bolivia, pero que según los parlamentarios que integran las comisiones de Relaciones Exteriores no debería afectar la consistencia de la defensa de Chile ante La Haya.

El diputado del PPD Jorge Tarud consideró que no es una buena noticia la salida de la jueza, pero desestimó mayores consecuencias para el país.

En tanto, en la misma línea, el diputado de la UDI Issa Kort dijo que esta renuncia no afecta a los argumentos de Chile.

Pero ¿qué es un juez ad hoc? Se trata de un representante propuesto por cada país parte de una controversia con la intención de que encarne la posición de Chile ante la Corte en la toma de definiciones. Eso sí, cada país -de todos modos- debe respetar la debida independencia de esa persona.

Para cerrar, la Cancillería sostuvo que “la persona propuesta por Chile satisfará los más elevados estándares jurídicos para contribuir con su conocimiento y experiencia a las deliberaciones de la Corte Internacional de Justicia”.