El presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Ennio Vivaldi, cuestionó el acuerdo entre el Gobierno y la Universidad Católica, tras la demanda por las platas del Aporte Fiscal Indirecto, y acusó al Ejecutivo de tener un trato deferente con instituciones que calificó de “poderosas”.

Dos mil millones de pesos son los que deberán ser repartidos entre todas las instituciones de educación superior que recibían el Aporte Fiscal Indirecto, tras el acuerdo al que llegó la Universidad Católica con el Gobierno, luego que el plantel privado demandara al Estado por no recibir en el presupuesto de este año, los millonarios montos asignados al AFI, pese a que al resto de las instituciones sí se les compensó por otra vía presupuestaria.

Si bien todos los actores concuerdan en la eliminación del mecanismo, la forma como el Ejecutivo lo llevó a cabo, no fue la correcta. Así lo expresó la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien tomó distancia de la decisión, responsabilizando del error al Ministerio de Hacienda.

El acuerdo implica el retiro de la demanda y supone una restitución parcial de los dineros del AFI para la PUC y el resto de los planteles que recibían estos aportes, por medio de un proyecto de ley que el Gobierno presentará en junio.

Además, se abre la posibilidad para que las instituciones con mejores índices de calidad, concursen de fondos públicos en Investigación e Innovación; que según el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, les solucionará el déficit de mil 700 millones que habría sufrido el plantel.

Adicionalmente, el Ejecutivo se comprometió a que en la próxima ley de presupuesto se flexibilizarán algunos de los requisitos para la entrega de recursos basales por desempeño, que beneficiarán a la UC como lo resaltó el rector Sánchez.

Si bien la restitución del AFI abarcará a todas las instituciones que lo recibían, el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Ennio Vivaldi, cuestionó la forma como se llevó a cabo y la deferencia del Gobierno hacia lo que calificó “universidades poderosas”.

Si bien el Gobierno repondrá parte de los recursos del Aporte Fiscal Indirecto, también presentará otro proyecto de ley para terminar con el mecanismo, el cual se destina para las instituciones de educación superior que matriculen a los 27.500 mejores puntajes de la Prueba de Selección Universitaria.