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Chile Vamos y empresarios cuestionan constitucionalidad de reforma al Código de Aguas

CONTEXTO | ARCHIVO | Agencia UNO
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La comisión especial de Recursos Hídricos del Senado aprobó en general el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.

La iniciativa contó con el respaldo de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, Carlos Montes, Jorge Pizarro y Adriana Muñoz. Mientras que el senador UDI, Víctor Pérez, se opuso y el RN, Francisco Chahuán, se abstuvo.

El parlamentario de RN presentó dudas sobre la constitucionalidad del proyecto por la duración máxima de 30 años que tendrían los nuevos derechos de propiedad, según la propuesta del Gobierno, lo que afectará a cerca del 10% de las aguas de superficie y 50% de las aguas subterráneas.

El resto, el 90% del recurso hídrico de superficie y el otro 50% de agua subterránea, mantendrá derechos de propiedad perpetuos. Pese a ello, Chahuán aseguró que el proyecto del Gobierno crea dudas para la inversión.

Para la senadora del PPD, que preside la comisión de Recursos Hídricos, Adriana Muñoz, los reparos de constitucionalidad presentados por la oposición, aunque esperables, son “débiles”.

La legisladora oficialista indicó que espera que Chile Vamos modifique su postura durante el debate en particular de la reforma al Código de Aguas.

Al igual que algunos parlamentarios de Chile Vamos, la directiva de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) manifestó sus reparos al proyecto, por lo que se reunieron con el ministro del sector, Carlos Furche.

El presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, sostuvo que las posibilidades de acercamiento con el Ejecutivo en esta materia son escasas y que considera al proyecto del Gobierno como inconstitucional.

El ministro Carlos Furche desdramatizó que Chile Vamos o el empresariado acudan eventualmente al Tribunal Constitucional y aseguró que no puede prejuzgar el desempeño del TC, organismo que ha fallado en varias ocasiones en contra del Gobierno.

La discusión en particular de la reforma al Código de Aguas se iniciará el próximo martes, con la revisión de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, donde se mantiene el carácter indefinido de las concesiones ya entregadas y se estipula que los derechos, ya constituidos y nuevos, quedarán sujetos a reglas de extinción por no uso y normas de caducidad por no inscripción.

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