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Proyecto de Educación Superior será votado este martes tras 10 meses estancado en Congreso

ARCHIVO | Pablo Vera | Agencia UNO
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El Gobierno logró un acuerdo en torno a los cambios que debe experimentar el proyecto de Educación Superior, la iniciativa que ingresó al Congreso el 5 de julio de 2016 y, desde ese momento, sólo concitó rechazo en todos los actores.

Tras 10 meses estancado en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, uno de los proyectos más emblemáticos de la reforma educacional comienza a ver la luz.

El próximo martes será votado tal y como indicó la ministra de Educación, Adriana Delpiano: “Para nosotros es un gran paso haber destrabado este proceso”, dijo.

Tanto el Consejo de Rectores como los parlamentarios de la Nueva Mayoría dieron su aprobación a los últimos cambios a los que fue sometido el proyecto, pero algunos puntos siguen creando conflicto entre las partes.

Uno de ellos es la administración del nuevo sistema de admisión, el cual hoy está en manos del Cruch, y que la indicación propone que pase a la repuesta subsecretaría de Educación Superior.

Los 20 años de plazo que se conceden para que las universidades se acrediten en todas las áreas, también será un tema cuestionado.

Las críticas que ya se han hecho sentir desde la Confech, uno de los mayores perdedores en lo que fue la elaboración de los cambios, quienes han calificado el proyecto como “una reformita”.

Cambios en los aranceles

La indicación ratifica la división de la iniciativa, donde lo referente a las universidades del estado se tramitará por separado.

En cuanto a la prohibición del lucro, se incorporará un nuevo tipo penal de negociación incompatible, el cual será sancionado por la Superintendencia.

En cuanto a calidad, se optó por reforzar la actual Comisión de Acreditación en vez de crear un nuevo organismo: se establece que la certificación institucional de las universidades será obligatoria a partir del 2020, estableciéndose un plazo de 20 años para que las instituciones se acrediten en las cinco áreas.

Pero la consagración de la gratuidad por ley es uno de los principales objetivos a los que aspira el Gobierno.

La Presidenta, Michelle Bachelet, en directa alusión al exmandatario Sebastián Piñera, indicó que la ampliación del beneficio apunta a que la Educación sea concebida como un derecho.

Debido a los cuestionamientos públicos y las amenazas de salirse de la gratuidad – que plantearon dos universidades privadas- obligaron al Gobierno a plantear un nuevo cálculo de los aranceles regulados, donde se entregarán mayores recursos a las instituciones que cuenten con investigación.

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