El candidato presidencial, senador Manuel José Ossandón, sostuvo una reunión con el Contralor General de la República, Jorge Bermudez, con el fin de compartir un documento que promueve medidas en materia de probidad y transparencia denominado “Yo me atrevo: 10 medidas para terminar con la corrupción y los conflictos de interés“.

Entre las medidas, se considera que el Presidente, los parlamentarios y las autoridades mencionadas en el artículo 57 números 1 y 2 -que hayan sido condenados en causas de simple delito o criminales-, serán inhabilitados de manera perpetua para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular.

También considera un nuevo Código Penal que castigue, entre otras cosas, los delitos de “cuello y corbata”.

La propuesta también manifiesta que se determinará la autonomía presupuestaria y más atribuciones a Contraloría para poder fiscalizar de mejor forma irregularidades en las instituciones del Estado. Se hará un programa similar al Programa Denuncia Seguro, especializado en casos de corrupción, en el que se otorgará especial protección jurídica y eventuales compensaciones económicas por perjurio a todos aquellos denunciantes que contribuyan a sacar este tipo de ilícitos a la luz pública.

Además, considera que ministros, subsecretarios y todas las autoridades de una institución fiscalizadora no podrán emplearse, prestar servicios o tener vínculos con empresas relacionadas a su función previa por 2 años. Además, deberá existir una exclusividad laboral para cargos estratégicos del Estado y designación de los futuros miembros del CDE.

La propuesta presidencial también toma en cuenta el fin a la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales, alcaldes y consejeros regionales, además de la Cesación en el cargo parlamentario por delito que merezca una pena igual o superior a 61 días de privación de libertad y fin al fuero parlamentario.

La reducción de los “jubilazos” presidenciales y término a asignaciones que son usadas para gastos electorales, junto al aumento de penas asociadas a la responsabilidad de los partidos políticos y su directiva, son las últimas medidas presidenciales que considera el documento presentado.

“La crisis de confianza que tenemos hoy día debemos revertirla. Con estas medidas nos sometemos a la justa fiscalización que todo funcionario público debe tener. Son aspectos mínimos que durante mucho tiempo se han pasado por alto”, finalizó Ossandón.