Este viernes 7 de abril terminan los 45 días de plazo que tiene la Dirección de Trabajo para responder si es viable o no el segundo proceso de elecciones de la CUT. El documento sostendrá observaciones respecto a los estatutos aplicados por la Central durante el último Congreso Ampliado de enero.

La entidad responderá a las últimas denuncias de sindicatos luego que en la instancia, la Central determinara repetir el proceso de elecciones para el 20 de este mes, nuevamente bajo el sistema de voto ponderado y con el equipo transitorio de Bárbara Figueroa a la cabeza.

Christian Melis, director de Trabajo, evitó referirse a los detalles de la resolución, aunque aclaró los siguentes pasos que recaen sobre la multisindical terminado el procedimiento.

El diputado, Juan Luis Castro insistió en la falta de garantías de la DT, lo que fue considerado en el informe final de la comisión investigadora que sí determinó irregularidades durante la fallida votación en agosto pasado.

Además, el parlamentario agregó que el informe será enviado la segunda semana de abril. En una de sus proposiciones, los diputados exigen que el organismo se querelle contra quienes resulten responsables por la suplantación de certificados en afiliados a los sindicatos.

El hecho llevó al congelamiento de militancias de gremios que ya piensan en una desafiliación de la multisindical, y que según Óscar Galindo, presidente de la Central Autónoma de Trabajadores, son los colores políticos en sus dirigentes lo que ha ido extendiendo la crisis.

Respecto a la deslegitimación de los próximos comicios, la actual presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, -quien además va a la reelección-, indicó que no interferirán en la discusión que entablan algunos gremios, sin embargo, será un tema que abordarán al interior de la central.

Por un lado, el documento de la DT establecería si es viable o no la segunda fase de elecciones de la CUT, mientras el informe de la comisión en la cámara, según los parlamentarios, busca convertirse en una serie de antecedentes para que Fiscalía inicie la investigación por delito de fraude.