El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, emitió un dictamen que complicará la duplicidad de funciones de 18 abogados seleccionados para integrar salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso y Talca.

Al momento de la toma de razón del decreto del Ministerio de Justicia que designó en diciembre a los abogados integrantes para todos los tribunales de alzada del país, el contralor identificó que varios de ellos prestaban funciones en el aparato público.

Al hacer el cruce de datos de los designados se determinó que 18 se desempeñan con empleos a jornada completa en instituciones gubernamentales. En la Corte de Apelaciones de Santiago, de los 15 abogados integrantes designados para este año, cuatro tienen contratos con el aparato público, Rodrigo Asenjo Zegers, Jorge Frei Toledo, Rodrigo Rielof Fuentes y Fernando Ortiz Alvarado.

Por lo anterior, a pesar de que no rige en el caso de tribunales superiores, recordó el artículo 261 del Código Orgánico de Tribunales que establece que “las funciones judiciales son incompatibles con toda otra remunerada con fondos fiscales, semifiscales o municipales”.

Bermúdez recurrió además al artículo 56 de la ley 18.575 sobre el desempeño de funcionarios públicos en otras tareas “Estas actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados”.

Seguido a lo anterior, en el dictamen se invoca la ley 18.834 que fija en 44 horas las jornadas de trabajo para funcionarios públicos distribuidas de lunes a viernes.

Medida

Tras estos argumentos, el Contralor Bermúdez ordenó a los respectivos jefes de servicio de los abogados mencionados en el dictamen “adoptar medidas que permitan la recuperación de las horas no trabajadas” es decir, cuando deban reemplazar a ministros de Cortes de Apelaciones, de una u otra forma, tendrán que cumplir con la jornada laboral en la institución donde cumplen contrato.

Dictamen contralor

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Decreto de designación de los abogados

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