Extrabajadores de la firma que hasta hace unos años estuvo a cargo del instituto de enseñanza de inglés, Tronwell, reclaman el pago de millonarias deudas previsionales y acusan a sus directivos de haber planeado su quiebra.

En su página oficial, Tronwell dice tener 30 años de “trayectoria y liderazgo” en el rubro, además de más de 225 mil estudiantes. Pese a este buen pasar de la empresa, sus extrabajadores se encuentran en un complejo escenario.

Cristián Martínez, exejecutivo de Recursos Humanos de Tronwell S.A, acusó junto a un grupo de exfuncionaros que pese a que la empresa le descontaba de sus sueldos el porcentaje de pagos provisionales, estos dineros nunca llegaron a AFP ni a isapres, según quedó evidenciado en un reportaje de CHV.

Producto de estas irregularidades, en varias ocasiones se reunieron con el gerente general de ese entonces, Germán Morandé, quien -según indicó- en más de una oportunidad los amenazó con que si continuaban reclamando se “iba a tirar a quiebra”.

En 2014 la empresa vende los activos a una segunda empresa, quedando con ingresos mínimos y un listado de 322 trabajadores. En 2016 se declara en quiebra y desvincula a todos sus empleados, a los que quedaron debiendo 1.125 millones en finiquitos.

Al mismo tiempo en que se declaraba en quiebra, su directorio vendía el uso de la marca a Tronwell SPA, la que además adquirió la cartera de clientes de la segunda compañía, permitiendo que hoy pueda operar sin los compromisos financieros de la empresa original.

Los trabajadores apuntan como responsable a Pedro Fernández Villavicencio, quien junto a su socio y representante legal además el gerente general de ese entonces, habrían planeado la quiebra para no pagar las deudas que mantenían con trabajadores y proveedores de la compañía.

El medio logró contactarse con el socio fundador, Fernández Villavicencio, quien no quiso hablar argumentando que vendió su parte el 2015, por lo que no tiene responsabilidad en lo que haya pasado en adelante. Las otras dos personas que los trabajadores apuntan como responsables no figuraron como residentes en los domicilios que aparecen en sus registros legales.