El fiscal Raúl Guzmán calificó de “bastante preliminares” los antecedentes aportados por la Contraloría el jueves pasado, para investigar así a 5 jefes de servicios públicos, donde destacan 2 Gobiernos Regionales, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En ese contexto, recalcó que la denuncia de Contraloría se refiere a funcionarios públicos de diferentes regiones del país, por lo que se llevarán a cabo diligencias en cada una de ellas.
“Se trata de antecedentes bastante preliminares, que eventualmente podría dar con la configuración del delito de negociación incompatible. La negociación incompatible tiene una penalidad en el código penal de presidio menor en su grado medio. En ese contexto, estamos evaluando respecto de estos hechos”, aseguró.
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Asimismo, explicó que desde el punto de vista de la penalidad no es tan grave, pero sí lo es desde el abuso de la función pública para participar en contratos en los que pueda existir un interés directo.
En ese sentido, sostuvo que para definir bien las líneas de investigación es necesario recabar más antecedentes de parte de Contraloría General de la República (CGR).
Por lo mismo, requerirán de la constante colaboración del órgano contralor: “La CGR tiene una función asignada por la ley. En ese contexto, el contralor, como funcionario público que es, en el evento de detectar hechos que pueden revestir caracteres de delito, tiene el deber de denunciarlo y comunicarlo, que es lo que ha hecho en este caso”, manifestó.
