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Ejecutivos de CGE piden a Abbott remover al fiscal Arias del caso incendios

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La defensa de los ejecutivos de CGE que serán formalizados pidió al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, iniciar un sumario contra el fiscal de O´Higgins, Emiliano Arias, y aplicar sanciones. El Ministerio Público ofició a Arias y evalúa petición.

Contrario al cese del fuego, las responsabilidades legales que persigue el Ministerio Público por los incendios que afectaron a la zona centro sur durante el verano están lejos de extinguirse. La primera audiencia del caso que lidera el fiscal de la región de O´Higgins, Emiliano Arias, se llevaría a cabo ayer, pero finalmente se postergó para el miércoles 12 de abril a la luz de nuevos antecedentes que ampliarán la lista de formalizados.

Mientras, los involucrados preparan la batalla judicial. Prueba de ello es la denuncia que el 24 de febrero recién pasado recibió el fiscal nacional, Jorge Abbott, en la que los abogados que representan a dos de los ejecutivos de la Compañía General de Electricidad (CGE) que serán formalizados solicitaron a la autoridad iniciar un sumario contra Arias y ejecutar las sanciones pertinentes.

“El objetivo de esta reclamación es que el señor fiscal nacional en uso de la facultades correccionales y directivas que la Constitución y las leyes le franquean, disponga las medidas inmediatas a fin que al fiscal Emiliano Arias se le inicie sumario administrativo y en definitiva se le imponga la sanción que en derecho corresponda por haber quebrantado los principios de objetividad y obligación de abstención de opinión previa que pesan sobre todo funcionario público y en especial sobre los fiscales del ministerio público”, expusieron Cristián Muga, Leonardo Battaglia y Rodrigo de la Barra.

La defensa de los ejecutivos de CGE no está a cargo de cualquiera. De la Barra es ex fiscal; Battaglia y Muga pertenecen al estudio Puga Ortiz, del cual es socio Luis Ortiz Quiroga. Este último, asegura un penalista, se caracteriza por tener “amplias redes de contactos” entre las que contaría Jorge Abott. Además, desde mediados del año pasado CGE recibe asesoría de Azerta, agencia ligada a Cristina Bitar. Desde ahí señalaron que ofrecen servicios exclusivamente de “seguimiento legislativo” y que el área de comunicaciones está a cargo de la agencia Feedback. Si bien la estrategia fue desplegada por la defensa de los ejecutivos, desde CGE precisaron que comparten las criticas a los dichos del fiscal.

A través de 18 páginas, los tres juristas reprodujeron y cuestionaron declaraciones entregadas por el fiscal a distintos medios durante la emergencia. Critican que “lejos de tener la cautela de poder investigar otras hipótesis alternativas, el fiscal vuelve a afirmar que las causas del incendio se producen por fallas eléctricas y que eso conlleva responsabilidad penal, incluso dando a entender públicamente cuales serían los cargos penales que se le atribuirían a quien entiende responsable”. Bajo su análisis, el actuar de Arias “infringe la ley porque los fiscales deben abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes delas investigaciones”.

También adjuntaron un discurso que el persecutor habría proferido en una reunión con habitantes afectados por los incendios en Pumanque. En esa ocasión, señala el documento, habría afirmado que no tiene “nada que ver con el gobierno” y que “en la investigación penal no” tiene jefe. Para los abogados, “esta clase de actividades dista mucho de la obligación legal de protección a las víctimas” y constituye una “incitación al litigio”

Muga, Battaglia y de la Barra aseguran que las actuaciones de Arias “han provocado un grave perjuicio” a sus representados ya que “han excedido con creces el estricto ámbito de investigación que la constitución y las leyes otorgan a los fiscales de ministerio público”. Las declaraciones, agregaron, “a pocos días de ocurrencia de los hechos, han tendido a mostrar a nuestros defendidos como la responsable de la tragedia provocada por los múltiples incendios forestales”. Y añadieron que todas ellas se han llevado a cabo “sin haber sido expuesta públicamente de manera previa en una audiencia de formalización”.

Desde el Ministerio Público señalaron que el Fiscal Nacional no ha tomado una decisión, ya que está analizando tanto los antecedentes aportados por los abogados de la CGE, como el informe solicitado al fiscal Arias, a fin de conocer su versión sobre los hechos. Este informe fue remitido el viernes pasado, mientras el Fiscal Nacional estaba en comisión de funciones fuera de Santiago. Recalcaron que una vez concluida la evaluación, se comunicará la decisión.

“Arias ha sido una persona reconocida por avanzar en las investigaciones sin importar el poder político o económico de los involucrados, por eso siempre ha habido presión por sacarlo”, dice un abogado de la plaza. Aunque fue removido tras sumario del caso Corpesca por los mismos motivos que ahora alegan los abogados de los ejecutivos de CGE, fuentes ligadas al proceso señalan que esta vez es diferente ya que se trata de una causa regional en la que “para sacarlo el fiscal nacional tendría que alterar la ley”.

“Se trata de un intento burdo para tratar de desmantelar el equipo que está liderando una investigación emblemática, por medio de la cual se busca establecer responsabilidades en una de las mayores catástrofes que ha debido enfrentar la Región de O’Higgins en su historia (…) es una estrategia jurídica, política y comunicacional que pretende evitar que se hagan efectivas las responsabilidades criminales que puedan caber en contra de sus ejecutivos y dueños por estos hechos”, comentó Carlos Hidalgo, abogado querellante.

En la audiencia del 12 de abril serán formalizados Pablo Yáñez Mardones, José Patricio Reyes López -ambos representados por los abogados que presentaron la denuncia contra Arias- y Esteban Vuchetich de Cheney. Los dos primeros son encargados zonales y el último es gerente de Explotación de Red de CGE. Esto, por la responsabilidad que les compete en cinco incendios que afectaron a cerca de 90 mil hectáreas.

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