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Cierre de Caval: el caso que cambió para siempre el gobierno de Bachelet

Agencia UNO
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Hoy la Fiscalía de Rancagua cierra la investigación del caso Caval en una audiencia que se realizará en el juzgado de garantía de esa ciudad.

Si bien el 6 de febrero del 2015 la Revista Qué Pasa revela los negocios de Natalia Compagnon, la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, el origen del escándalo se fija el 1 de junio del 2011 cuando Patricio Weisner comienza a liquidar sus bienes, entre ellos 44 hectáreas en Machalí, y deja para tal tarea al síndico Hermán Chadwick Larraín.

Este último es el responsable de contactar a una serie de operadores, como al exadministrador municipal de Las Condes y Santiago, Patricio Cordero, y al denominado gestor inmobiliario, Juan Díaz, ambos ex UDI.

Díaz es contratado por Chadwick para conseguir compradores para el terreno en Machalí, trabajo por el cual recibió $415 millones . En forma paralela, Cordero contacta a Mauricio Valero, socio de Compagnon desde el 3 de febrero del 2012 cuando constituyen la empresa de asesorías Caval.

El 5 de septiembre del 2013 Caval firmó la promesa de compraventa de las 44 hectáreas de Weisner, predio que adquiere cinco meses después en $6.500 millones.

El dinero lo habían obtenido el 13 de diciembre de ese año, gracias a un crédito en el Banco de Chile. Previo a concretarse el préstamo a la sociedad que se había constituido con 6 millones de pesos, Natalia Compagnon y su esposo, Sebastián Dávalos Bachelet, habían sostenido una reunión con el vicepresidente de la entidad financiera, Andrónico Luksic.

La Revista Qué Pasa reveló el millonario negocio un día después de la venta de las 44 hectáreas en Machalí al empresario Hugo Silva en $9.500 millones y titula “Un Negocio Caval”.

Juan Díaz, el hombre contratado por Chadwick para vender los terrenos, también presta servicios para la reventa que hace Caval, obteniendo dos cheques por $530 millones y $282 millones, que no alcanzó a cobrar antes que se judicializara el caso con la apertura de una investigación, a mediados de febrero del 2015, a cargo del fiscal Luís Toledo.

Dos días antes que asumiera el persecutor, Sebastián Dávalos renuncia a su cargo como director sociocultural del gobierno de su madre, en una conferencia de prensa en La Moneda, que después sabríamos, ahondó sus diferencias con el entonces ministro del interior, Rodrigo Peñailillo.

La presidenta enfrenta el escándalo

El 23 de febrero, pasadas las 9 horas, la mandataria bajó al Salón Toesca para reunirse con la prensa, y con una voz temblorosa, leyó un comunicado.

“Para mí como madre y presidenta han sido momentos difíciles dolorosos, pero que también quiero enfrentar con claridad y decisión. Conozco bien mi responsabilidad como presidenta de la República, y como tal hay una gran prioridad, la cual es seguir trabajando para tener una nación más justa y equitativa. Llevar adelante esta tarea implica muchas veces tener que tomar decisiones que son dolorosas”.

Luego, aceptó tres preguntas de los periodistas, donde una de ellas apuntaba a su conocimiento sobre los negocios de su nuera y la relación con Luksic “Yo no tuve ninguna información ni previa, ni después. Me informé en Caburgua por la prensa” aseguró.

Paralelamente el fiscal Toledo realiza diligencias, como incautación de cuentas corrientes e interrogatorios a los involucrados, que lo llevan a formalizar a 13 personas, entre ellas, a Compagnon.

El 29 de enero del 2016, tras dictar los cargos por delitos tributarios y cohecho, el persecutor consigue medidas cautelares como arresto domiciliario para Chadwick y Valero y firma en una comisaría para la nuera de la presidenta.

En esa audiencia se revelaron antecedentes respecto al síndico Chadwick y sus colaboradores que realizaron maniobras que finalizaron en el pago de coimas a funcionarios municipales de Machalí con el objetivo de cambiar el uso de suelo y así aumentar el precio de los predios que había adquirido Caval.

Toledo antes de formalizar, el 9 de abril del 2015, había tomado declaración por casi 10 horas a Compagnon quien tuvo que salir del edifico de la fiscalía en Rancagua escoltada por Carabineros, pues un grupo de trabajadores en huelga, aprovecharon la oportunidad para hacerse notar.

Después se conoció que la presidenta había declarado como testigo el 24 de mayo del año pasado en La Moneda, ante el fiscal Sergio Moya.

Los efectos de este caso para la mandataria no terminaron ahí. Dos días después de este interrogatorio, la revista Qué Pasa reveló escuchas telefónicas a Juan Díaz, transcritas en la carpeta investigativa.

El imputado relata supuestas palabras de Natalia Compagnon que mencionan a la presidenta de la República.

“- Mi suegra se tiene que quedar con por lo menos mil millones.
– ¿Quién? -le decía yo.
– Mi suegra po huevón, la Michelle Bachelet”.
Si yo hablo, la viejita tiene que renunciar inmediatamente (…) igual que la cara de raja de la Compagnon”.

Por esta nota de la revista, la presidenta Bachelet se querelló el 1 de junio por injurias graves con publicidad contra los periodistas e editores de Qué Pasa, acción judicial que vio su fin tres meses después de su presentación.

La ira de la nuera

La fiscalía cierra el caso del millonario negocio en Machalí, pero quedan las aristas conocida como Saydex, donde se le imputa a Valero haber sobornado a un jefe de servicio de salud central; los presuntos delitos tributarios de Caval como empresa; y la denuncia del empresario Gonzalo Vial Concha contra Compagnon y su socio por presunta estafa de $1.000 millones.

A fin de año la nuera de la presidenta y su familia no pudieron viajar a Miami porque la justicia en primera instancia le negó levantar su arraigo, después falló a su favor, pero era demasiado tarde, pues los pasajes habían caducado.

En una de sus últimas apariciones públicas, el 26 de diciembre pasado, Compagnon leyó junto a su marido una declaración.

“Esto parece un circo romano, donde si yo tengo a la opinión pública en contra, los fiscales actúan en consecuencia con esto y no con la objetividad que debe ser la norma de una investigación seria”, acusó.

La declaración apuntó siempre a la fiscalía “dada mi relación con la familia presidencial, esta causa ha tenido un gran impacto mediático que a estas alturas no me cabe duda ha afectado el actuar de esta Fiscalía. No se han respetado principios tan básicos como la igualdad ante la ley y el principio de presunción de inocencia”.

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