A pocos días de cumplirse el tercer año del gobierno de Michelle Bachelet en el poder, la Fundación Ciudadano Inteligente lanzó una nueva versión del estudio “Del Dicho al Hecho“, que mide el cumplimiento de las promesas legislativas establecidas por el gobierno en su programa presidencial y en el discurso del 21 de mayo.
El estudio, además, busca dar información que empodere a los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su derecho a exigir el cumplimiento de las promesas realizadas por los representantes, fortaleciendo su capacidad de fiscalización y control de gestión.
En esta ocasión, el sondeo registró una ejecución efectiva del 48% de los proyectos legislativos comprometidos en el programa de gobierno. Al mismo tiempo, el estudio estimó en 2,5 (en una escala de 1 a 4) la coherencia entre las promesas legislativas y los proyectos de ley efectivamente enviados al Congreso.
Ambas cifras son superiores a las del gobierno de Sebastián Piñera en la misma etapa de su mandato (37% con una coherencia de 2,3). Sin embargo, cabe mencionar que la coalición del actual periodo cuenta con la mayoría parlamentaria, condición con la que el gobierno anterior no contó.
Cumplimiento por áreas
Las áreas en las que más ha avanzado el gobierno de Michelle Bachelet son Energía, con un 95% de cumplimiento, Educación con 73%, Equidad de Género con 68% y Salud con 67%. En el otro extremo se encuentran las áreas de Transporte y Telecomunicaciones con 8% , Defensa con un 23% y las áreas de Agricultura e Infancia y Jóvenes con un 20%.
Al respecto, el coordinador legislativo de Fundación Ciudadano Inteligente, Octavio del Fávero, recalcó que “el gobierno muestra un avance importante en comparación con la administración anterior, pero sigue siendo bajo en cuanto a lo efectivamente prometido. Cumplir con cerca de la mitad de lo que se comprometió no es suficiente desde la perspectiva ciudadana”.
Del mismo modo, Del Fávero explicó que “hay promesas muy sentidas para la ciudadanía que no tienen un avance o se encuentran estancadas y excluidas de las prioridades del Gobierno, tales como la Ley de Identidad de Género, Ley de Isapres, AFP, Ley Reservada del Cobre y la Nueva Constitución. Al mismo tiempo, hay que reconocer avances importantes en temas sensibles como la Alta Dirección Pública, la probidad y financiamiento de la política, Ley Ricarte Soto, sanciones a la colusión, Ministerio de la Mujer y el Acuerdo de Unión Civil”.
Por su parte, la directora de Política Educativa de Educación 2020, Nicole Cisternas, colocó en la balanza los proyectos del gobierno en materia de educación: “Nuestra evaluación es regular. Destacamos cambios históricos como carrera docente y ley de inclusión, que busca eliminar la vergonzosa segregación, pero aun así el cumplimiento es parcial. Falta aprobar la nueva Educación Pública y la reforma a la educación superior. El gobierno también ha tenido dificultades para guiar el trabajo legislativo, lo que retrasa las reformas. Y por último, le ha costado comunicar la reforma y sintonizar con la ciudadanía”.
Por otro lado, Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Fundación Iguales, si bien valoró “la voluntad para despachar rápidamente la Ley de Unión Civil -la cual fue aprobada por el Congreso a los 10 meses de iniciado este Gobierno-, recalcó que el proyecto de ley de Identidad de Género se mantiene en el mismo estado desde hace tres años y aún no se presentan los proyectos de matrimonio igualitario y de reforma a la Ley Antidiscriminación. En este sentido hemos insistido en que la sola presentación de proyectos no constituyen políticas públicas y, por lo mismo, deben ir acompañados de las urgencias legislativas para que avancen en su tramitación y se conviertan prontamente en ley”, puntualizó.
