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Aerolínea demanda a canales y a personero de Gobierno por acusaciones de tráfico de inmigrantes

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La línea aérea Latin American Wings (LAW) presentó ante el 19° Juzgado Civil de Santiago, una demanda por difamación en contra de Chilevisión, Mega, Televisión Nacional de Chile y el Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas, debido a la divulgación o difusión de noticias o hechos falsos, por causar “daños en la honra e imagen comercial y pública de la compañía”.

Así lo notificó LAW a través de un comunicado de prensa, desde donde señalaron que la acción judicial contra los demandados corresponde por su actuar de manera “dolosa o negligentemente al difundir información falsa que ha causado deshonra y descrédito” a la compañía aérea, al afirmar, en síntesis, que la aerolínea es o podría ser parte de una red de tráfico ilícito de inmigrantes.

El Ministerio del Interior presentó una querella contra quienes resulten responsables del el tráfico ilegal de inmigrantes, documento en que mencionan a la aerolínea, detallando que de 125 vuelos realizados de enero a octubre de 2016, 122 de ellos transportaban pasajeros oriundos de la isla caribeña, dando entrada al país a 13.924 haitianos, de los cuales solo 200 han abandonando el territorio nacional.

En este sentido, LAW explicó que la acción judicial por indemnización de perjuicios busca que todos los demandados de manera solidaria, por la responsabilidad que les cabe en el delito civil, o en subsidio del cuasidelito civil, sean condenados a pagar la suma de $2.000.000.000 (dos mil millones de pesos) por concepto de daño moral, más reajustes e intereses, contados desde que la sentencia que así lo determine quede ejecutoriada, o la suma que en su defecto determine el tribunal.

Los hechos materia de esta demanda corresponden a un problema que ha sido discutido frecuentemente en el derecho comparado, y respecto del que ya existe jurisprudencia en nuestro país, aseguraron desde la aerolínea.

“Se trata de la responsabilidad de los funcionarios públicos, de los periodistas y de los medios de comunicación, por la divulgación o difusión de noticias o hechos falsos, cuando esto produce un perjuicio o un daño al afectado, como ha ocurrido justamente en este caso”, concluyó LAW en su comunicado.

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